La Contraloría General de la República emitió un informe contundente tras la realización de una auditoría de cumplimiento a la Superintendencia Nacional de Salud correspondiente a la vigencia 2023. El informe revela graves hallazgos administrativos que afectan la gestión de la entidad encargada de la supervisión del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), así como la asignación de interventores a las EPS en crisis, lo que podría generar consecuencias financieras y legales.
El ente de control fiscal detectó un total de 13 hallazgos administrativos, de los cuales cuatro podrían tener implicaciones fiscales por un monto que asciende a $5.640 millones, mientras que otros siete se relacionan con presuntas faltas disciplinarias. Además, dos hallazgos adicionales están siendo trasladados a las autoridades competentes para su debida investigación.
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En su informe, la Contraloría Delegada para el Sector Salud señaló que la Superintendencia Nacional de Salud no ha cumplido con las funciones necesarias para garantizar un flujo adecuado de recursos desde las EPS hacia el SGSSS. Este incumplimiento se ha manifestado en diversas áreas, lo que afecta la estabilidad y eficacia del sistema de salud en el país.
“Se advierten deficiencias en las funciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) por parte de la Supersalud”, afirmó la Contraloría, y añadió que la situación es particularmente crítica en el caso de la EPS Indígena Dusakawi, que lleva más de una década bajo medida cautelar de vigilancia especial sin mostrar avances significativos en la mejora de su desempeño. La entidad no ha logrado corregir los problemas que afectan el flujo de recursos, lo que contribuye al deterioro de la situación financiera y operativa de la EPS.
Uno de los hallazgos más críticos y que pone en evidencia la falta de control de la superintendencia es la asignación de interventores a las EPS. De acuerdo con el informe de la Contraloría, la Supersalud ha fallado en cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 2599 de 2016, lo que ha provocado que los interventores designados no cuenten con las condiciones mínimas para realizar una supervisión efectiva de las entidades de salud en crisis.
“Este procedimiento ha vulnerado el principio de equidad, ya que los interventores no han cumplido con todas las condiciones que establece la normativa”, señaló la Contraloría. El incumplimiento de esta resolución genera incertidumbre sobre la efectividad de las medidas adoptadas por la superintendencia, afectando no solo a las EPS sino también a los miles de afiliados que dependen de estos servicios para su bienestar.
Irregularidades adicionales en la gestión de recursos
A lo largo de la auditoría, la Contraloría también encontró una serie de irregularidades adicionales en la gestión administrativa y financiera de la Supersalud. Entre ellas se destacan:
- Pérdidas por falta de control: Se detectaron deficiencias en el procedimiento para la custodia de bienes propiedad de la Supersalud, lo que resultó en una pérdida por $49.143 millones. Esto refleja una falta de rigurosidad en la supervisión interna de los activos de la entidad.
- Cobros fallidos por incapacidades y licencias de maternidad: Se identificaron fallos en la gestión de cobro y radicación de incapacidades y licencias de maternidad ante las EPS. La Contraloría estimó que la SuperSalud no actuó con la debida diligencia para gestionar estos cobros, lo que dejó sin recuperar un monto de $72.561 millones.
- Inoportunidad en el cobro de acreencias: En el caso del Hospital Universitario Cari en Barranquilla, se evidenció que la radicación de acreencias se realizó con un retraso de siete meses después de que el liquidador determinara el pasivo no reclamado, lo que ocasionó una pérdida de más de $139.842 millones en el cobro de los derechos.
- Deficiencias en contratación y seguimiento: En cuanto a los procesos contractuales, la auditoría reveló debilidades en la planificación y escogencia del contratista Control Online International S. A. S., para la adquisición e instalación de un sistema de gestión de documentos electrónicos. La contratación se realizó sin la debida rigurosidad en el análisis de las especificaciones técnicas ofrecidas, lo que generó incumplimientos de las obligaciones contractuales.
Además, se identificaron problemas en el seguimiento de los contratos tecnológicos, como el relacionado con IFX Networks. La Contraloría advirtió que no se cumplió con las políticas de seguridad necesarias para salvaguardar la información manejada por la superintendencia.
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