Se cumplen seis días desde que se desató una fuerte crisis humanitaria en la subregión del Catatumbo, después de que el ELN y las disidencias de las Farc iniciaran una guerra que ya deja, al menos, 32.000 personas desplazadas.
Incluso, las fuertes acciones violentas hicieron que el presidente Gustavo Petro ordenara desplegar a las Fuerzas Militares en la zona para contrarrestar las acciones bélicas del ELN, además de decretar el estado de conmoción interior.
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En línea con el jefe de Estado, la Fiscalía General de la Nación informó en la mañana de este miércoles 22 de enero que los beneficios que le había otorgado el ente acusador a 31 líderes de ese grupo armado fue revocado, por lo que sus órdenes de captura fueron nuevamente activadas.
La entidad por Luz Adriana Camargo Garzón, anunció que la reactivación de las órdenes de captura aplica directamente sobre los cabecillas que habían sido reconocidos por el Gobierno nacional como voceros en los diálogos de paz entre 2022 y 2023.
La decisión se fundamenta en la comisión de nuevos actos criminales atribuidos a este grupo armado en la región del Catatumbo, lo que, según las autoridades, contradice su compromiso con el proceso de paz.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos que motivaron esta decisión se remontan al 16 de enero, cuando se desató la ola de violencia en el Catatumbo, generando una crisis humanitaria que puso en peligro la vida de civiles, líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y sus familias.
“Se la atribuyó en la red social “X” el ELN a través de uno de sus máximos jefes, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias “Antonio García”. Hechos ratificados también abiertamente por el señalado cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN, Gregorio Manuel Pérez Martínez en tres comunicaciones del 17, 18 y 19 de enero“, señaló el ente acusador.
La resolución de la Fiscalía argumenta que los miembros del ELN incumplieron las condiciones establecidas para la suspensión de sus órdenes de captura, lo que incluye la comisión de nuevos delitos.
Este incumplimiento, según lo señalado por el ente, activa las disposiciones de la Corte Constitucional contenidas en la sentencia C-525 del 29 de noviembre de 2023, que establece los parámetros legales para revocar dichos beneficios en caso de violaciones a los acuerdos.
Por su parte, la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón hizo énfasis en que esta medida no solo responde a los actos recientes, sino también a la necesidad de garantizar la seguridad de la población afectada por la violencia en el Catatumbo.
Lista de integrantes del ELN afectados por la medida
Entre los 31 miembros del ELN cuyas órdenes de captura han sido reactivadas se encuentran figuras clave como Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias “Antonio García”, y Aureliano Carbonell.
También figuran nombres como Bernardo Téllez, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Eduin Restrepo, Américo Trespalacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán, Simón Babon, Tomás García Liviana, Andrea Montoya, Herlinda Martínez, Elena Velasco, Alejandra Hernández, Samuel Galvis, Ómar Vásquez, Fabián Sepúlveda, Camilo Ariza, José Manuel Cerón, Ernesto Alzate, Manuel Aponte y Miguel Ochoa.
“La decisión fue comunicada a la Presidencia de la República, al consejero comisionado para la Paz y a las autoridades de policía judicial para que, a partir de la Resolución 00015 de 2025, actúen en el marco de sus competencias”, señaló la Fiscalía.
Entretanto, el máximo líder del ELN aseguró en su cuenta de X que sean los autores materiales del crimen contra una familia en el Catatumbo que, según las hipótesis del Gobierno, sería el detonante para el recrudecimiento de la violencia en esa subregión.
“El detonante fue vil asesinato de Miguel Ángel López, junto a su esposa, Zulay Durán Pacheco y su pequeño hijo, para de manera ruin endilgárselo al ELN”, señaló alias Antonio García.
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