Crisis en el Catatumbo provocaría ausencia de “servicios esenciales” en varias zonas de Norte de Santander

La oleada de violencia que se registra en Colombia por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Norte de Santander ha generado que miles de familias abandonen sus hogares para no quedar en medio del fuego cruzado de los enfrentamientos entre ese grupo armado con las disidencias de las Farc y las Fuerzas Militares.

De acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hasta el momento hay reportes de al menos 32.000 personas que han llegado desplazados a Cúcuta, Ocaña y Tibú como consecuencia de la violencia en la región del Catatumbo; sin embargo, esto no ha sido constatado y teniendo en cuenta los otros municipios cercanos, la cifra podría ser superior.

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El contexto actual que se registra en Norte de Santander ha hecho que se recuerden las masacres perpetradas por las AUC a finales de los 90 e inicio del 2000; de la misma forma, expertos han indicado que en este departamento se podría registrar una crisis poblacional parecida a la de esa época en el país.

En diálogo con Infobae Colombia, el profesor de la facultad de derecho y ciencias políticas de la Universidad de La Sabana, Nicolás Mayorga, entregó su postura sobre las posibles consecuencias que se podrían registrar por el masivo desplazamiento forzado de pobladores en esa región.

En primer lugar, Mayorga recordó que el desplazamiento forzado es una consecuencia de la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de la población civil, que afecta no solo a las víctimas del conflicto armado, sino también a los residentes de los lugares a los que estos llegan.

“El desplazamiento forzado genera graves consecuencias humanitarias y sociales, entre las que destacan las vulneraciones a derechos fundamentales como la educación, la alimentación, la salud, la vivienda y la protección a la familia. En un contexto como el de Norte de Santander, estas vulneraciones no solo exacerban la crisis de derechos humanos en el Departamento, sino que también generan una mayor presión sobre los servicios públicos, agravan las condiciones socioeconómicas y aumentan la vulnerabilidad de la población receptora. Esto dificulta la cobertura de las demandas básicas de servicios esenciales como salud, educación, vivienda y empleo, tanto para la población desplazada como para los habitantes locales”.

El experto recordó que luego del acuerdo de paz con las autodefensas, se registró una problemática similar durante la disputa territorial entre las Farc y las estructuras criminales que se consolidaron por parte de excombatientes de las AUC.

“En términos de magnitud, Medellín registró la llegada de 131.707 víctimas, muchas de las cuales provenían de lo ocurrido en Tumaco, lo que demuestra cómo este fenómeno de desplazamiento impactó no solo a la región del Pacífico, sino también a otros territorios del país”, indicó Mayorga.

Al hablar de estrategias que podrían ser utilizadas por el Gobierno nacional ante la crisis humanitaria que se registra en Norte de Santander, Mayorga destacó que la ley 1248 de 2011 reconoce a los desplazados como víctimas del conflicto armado y mencionó algunas de las ayudas que estos deben recibir.

“Toda persona que sea víctima de desplazamiento forzado puede ser inscrita en el Registro Único de Víctimas (RUV), lo que le otorga acceso a una serie de beneficios, entre ellos la afiliación al régimen subsidiado de salud, remisión de la información sobre los hechos delictivos a la Fiscalía General de la Nación para su investigación y acceso a medidas de asistencia y reparación integral”, indicó el experto.

Por último, Nicolás Mayorga afirmó que a pesar de la magnitud de la crisis, el Estado no debe tener inconvenientes para poder ayudar a las víctimas, puesto que las rutas para reaccionar a este tipo de casos ya está estipulada.

“Se han implementado los protocolos de retorno y reubicación, los cuales buscan garantizar una coordinación adecuada en los procesos de retorno y reubicación de personas, familias o comunidades afectadas por el desplazamiento forzado. Estos protocolos permiten planificar y supervisar dichas acciones, asegurando que se realicen en condiciones de seguridad, dignidad y sostenibilidad”, puntualizó.