Un grupo de 19 cabildos indígenas del pueblo zenú decidió ocupar tres fincas en el municipio de San Antonio de Palmito, en el departamento de Sucre, como medida de presión ante lo que consideran un incumplimiento por parte del Gobierno nacional.
Según reportaron medios como El Tiempo, las tierras en cuestión, conocidas como Simba, Potosí y La Laguna, fueron prometidas por el presidente Gustavo Petro en lo consignado en su propuesta política de reforma agraria, pero hasta la fecha no han sido entregadas a las comunidades indígenas, campesinas y víctimas de la violencia que las reclaman como parte de su territorio ancestral.
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De acuerdo con El Tiempo, estas fincas se encuentran actualmente bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que las recuperó tras procesos de extinción de dominio debido a su presunta vinculación con actividades de narcotráfico y paramilitarismo.
Sin embargo, las tierras fueron arrendadas a la empresa Comercializadora El Tamaral bajo un contrato de comodato con vigencia de veinte años, lo que ha generado tensiones entre las comunidades indígenas y las autoridades estatales encargadas de la gestión de estos predios.
Promesas incumplidas y frustración en las comunidades indígenas
En marzo de 2024, durante una visita a la región, el presidente Gustavo Petro anunció públicamente que las fincas serían entregadas a indígenas, campesinos, organizaciones sociales y víctimas de la violencia como parte de su plan de reforma agraria.
Sin embargo, según lo denunciado por los voceros de los cabildos zenú, ni la SAE ni la Agencia Nacional de Tierras (ANT) han cumplido con los compromisos adquiridos, lo que ha llevado a las comunidades a tomar medidas drásticas.
En un comunicado emitido por los líderes de la minga, se señaló que la ocupación de las fincas es una respuesta directa a las “reiteradas omisiones” del Gobierno y a la falta de avances concretos en la entrega de los terrenos.
“El pueblo Zenú, de San Antonio de Palmito (Sucre), debido a las reiteradas omisiones y al incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional, decidimos realizar una minga permanente en el marco de la recuperación y saneamiento territorial de nuestro resguardo”, afirmaron los voceros, según consignó El Tiempo.
Los cabildos indígenas que participan en la minga reclaman un total de 82 hectáreas de tierras que, según ellos, forman parte del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, ubicado entre los departamentos de Córdoba y Sucre.
Estas tierras, aseguran, tienen un valor cultural y ancestral fundamental para la preservación de su identidad como pueblo Zenú.
“Como pueblo Zenú exigimos con firmeza y determinación que el saneamiento del Resguardo Zenú se convierta en una realidad dentro de la reforma agraria que el país necesita. Es nuestro derecho fundamental recuperar las tierras que históricamente nos pertenecen, garantizar la preservación de la cultura y el bienestar de las futuras generaciones”, declararon los líderes de la minga, según informó El Tiempo.
Además, reiteraron su disposición al diálogo y la negociación, pero advirtieron que están preparados para defender sus derechos ante la falta de acción por parte del Estado.
Las fincas Simba, Potosí y La Laguna tienen un pasado marcado por la violencia y el conflicto armado en Colombia. Según lo señalado por el presidente Gustavo Petro durante su visita a la región, estos terrenos fueron utilizados en el pasado por grupos de narcotraficantes y paramilitares que operaban en la zona. Petro afirmó que las fincas pertenecieron inicialmente a Javier Piedrahita, un comerciante que, de acuerdo con miembros de la comunidad, terminó vinculado con actividades paramilitares.
El control de estas tierras por parte de actores ilegales y su posterior recuperación por el Estado a través de la SAE han convertido a estos predios en un símbolo de la lucha por la restitución de tierras en Colombia. Sin embargo, la demora en la entrega de los terrenos a las comunidades que los reclaman ha generado un profundo malestar y ha puesto en evidencia las dificultades para implementar de manera efectiva la reforma agraria prometida por el Gobierno.
Además de la ocupación de las fincas, los cabildos indígenas han llevado a cabo marchas de protesta en la región. Según reportó La Korraleja, miembros de las comunidades indígenas de San Antonio de Palmito, Sincelejo y Sampués se movilizaron hasta el monumento del Sombrero Vueltiao, ubicado en Sampués, como parte de sus acciones para visibilizar su lucha por la recuperación de las tierras.
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