Gustavo Petro declaró el Estado de conmoción interior para afrontar crisis de orden público en el Catatumbo

En un mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó el lunes 20 de enero que declaró el Estado de conmoción interior para afrontar la delicada situación de orden público que se registra en la región del Catatumbo, por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las Farc, y el ‘plan pistola’ que se estaría desarrollando contra los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016.

En respuesta al mensaje emitido por el comandante del frente de Guerra Nororiental del ELN, Manuel Pérez Martínez, en el que enfatizó su intención de arreciar contra los integrantes del referido frente de las disidencias, leales a Alexander Mendoza Díaz, alias Calarcá, el jefe de Estado remarcó que esta medida busca poner fin a esta problemática que azota a los municipios que son fronterizos con Venezuela.

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“Habla de los otros, pero se refiere a sí mismo. Han perdido la inteligencia. Han perdido la inteligencia. La revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia. Es la paz, la bandera rerevolucionaria, porque es la bandera de la vida. Se declara el Estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del poder judicial su apoyo. El copamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo violencia”, afirmó el jefe de Estado en su perfil de X.

A diferencia de lo ocurrido en septiembre de 2024, cuando la intensidad de lo acontecido con el paro nacional de camioneros llevó a pensar que tomaría esta decisión extraordinaria para tener facultades especiales y manejar lo que en ese momento fue una fuerte crisis que sacudió a su Gobierno, en esta ocasión Petro optó por lo dispuesto en la Carta Magna para contrarrestar el difícil escenario en materia de seguridad.

¿En qué consiste el Estado de conmoción interior?

Como su nombre lo indica, es un escenario extraordinario que habilita al Gobierno para tomar medidas de carácter excepcional que tienen como objetivo retornar a la normalidad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 213 de la Constitución Política. Con ello, se busca reforzar la seguridad del Estado y otorga al Ejecutivo poderes especiales para elaborar decretos con fuerza de ley. Su vigencia será de 90 días, sujetos al control que haga la Corte Constitucional, y en caso de que entre en curso podrá ser prorrogado, si así se considera, por un periodo igual.

La medida había sido adelantada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que tras su presencia en el Puesto de Mando Unficado (PMU) que se adelantó el domingo 19 de enero en Cúcuta (Norte de Santander), indicó que sería estudiada por el Consejo de Ministros que se llevó a cabo en la Casa de Nariño. A la que se suma el Estado de emergencia, como otra de las determinaciones de excepción que permite el ordenamiento jurídico constitucional.

“Frente al Estado de excepción, tiene una posibilidad importante en cuanto a la mayor capacidad de fuerza pública, con la destinación de recursos dirigidos específicamente a contrarrestar las causas que originaron ese estado”, dijo Velásquez al término del PMU, en el que estuvo acompañado por el comandante del Ejército Nacional, general Luis Cardozo.

Además de lo que ocurre en territorio nortesantandereano, en el Guaviare se reportan enfrentamientos entre la facción liderada por alias Iván Mordisco y la de alias Calarcá, disidentes de las Farc, que han dejado, según registros en la zona, cerca de 20 muertos en el municipio de El Calamar. Los cuerpos que quedaron tendidos en la zona, corresponden a 15 hombres y cinco mujeres y fueron trasladados a la morgue de San José del Guaviare en una volqueta para iniciar su proceso de verificación.

En medio de este negro panorama, el Gobierno nacional espera que con esta declaratoria pueda tener las herramientas jurídicas, logísticas y de seguridad para frenar la ola de violencia entre las organizaciones al margen de la ley, que habrían abandonado la política de Paz Total que trató de implementar el Estado durante la presente administración.