El 21 de enero se llevará a cabo una audiencia crucial en el municipio de Apartadó, Antioquia, que podría cambiar el rumbo del caso judicial contra Alexis Cuesta, exdirector de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corporurabá).
Según informó Blu Radio, la defensa del acusado solicitará la revocatoria de la medida de aseguramiento que lo mantiene recluido en la cárcel Villa Inés desde mayo del año pasado. Cuesta enfrenta un proceso judicial por presuntamente haber abusado de una sobrina de 16 años en un hotel de la misma localidad.
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De acuerdo con lo publicado, la posibilidad de que el exfuncionario recupere su libertad ha generado una fuerte reacción entre los familiares y allegados de la víctima, quienes rechazan cualquier medida que implique su liberación.
Estas personas sostienen que Cuesta es responsable del delito que se le imputa y han señalado que podrían existir intereses económicos y políticos detrás de la solicitud de su defensa.
Una persona cercana a la madre de la adolescente expresó su indignación al respecto, destacando la confianza que la menor tenía en el acusado debido a su vínculo familiar. “Las niñas se respetan, y más que era su propia sobrina, o sea, de sangre. Que la niña le tenía confianza, porque la veía como una figura paterna. Ella le tenía respeto”, afirmó.
El caso también ha movilizado a colectivos feministas de la región del Urabá antioqueño, quienes han señalado un preocupante aumento en las denuncias de delitos sexuales cometidos por personas cercanas a las víctimas, como familiares, docentes o vecinos.
Según consignó el medio, estas organizaciones han advertido que la liberación de Cuesta podría sentar un precedente negativo para la confianza en el sistema judicial colombiano.
María Moreno, integrante de uno de estos colectivos, expresó su preocupación por la posibilidad de que el caso termine en impunidad. “Esta situación es muy común en Colombia, que funcionarios queden en libertad por delitos graves incluso, como si no fueran ciudadanos que infringieron la ley aun sabiendo lo que les puede ocurrir. En muchas situaciones esto hace que se desconfíe de nuestro sistema judicial”, declaró.
Denuncian abusos sexuales por parte de pastor en Santa Marta
Más de 40 mujeres han denunciado ante la Fiscalía General de la Nación presuntos abusos sexuales cometidos por Luis Fernando Ramón, pastor de la iglesia Cristianos Gente de una Nueva Generación, en Santa Marta, según informó la entidad fiscal.
Las acusaciones, que abarcan un periodo de cinco años, describen un patrón de manipulación emocional y abuso de confianza por parte del líder religioso, quien habría utilizado su posición para aprovecharse de mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
Este caso, que ha generado una profunda división en su congregación, se suma a otro reciente escándalo en el país, protagonizado por Sergio Luis Betancourt Yepes, un pastor condenado por abuso sexual durante un supuesto ritual de exorcismo.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Sergio Luis Betancourt Yepes fue sentenciado a 16 años de prisión tras ser hallado culpable del delito de acceso carnal abusivo con persona incapaz de resistir agravado.
Los hechos ocurrieron el 22 de febrero de 2020 en el barrio Santa Lucía de Cartagena, cuando una feligresa, en busca de ayuda espiritual, permitió que el pastor ingresara a su hogar para realizar una ceremonia de liberación espiritual.
Según detalló el ente acusador, Betancourt administró una sustancia que dejó a la víctima en estado de indefensión y utilizó aceites que provocaron somnolencia, lo que facilitó el abuso sexual por parte del investigado.
El proceso judicial contra Betancourt se extendió durante varios años, en los cuales se recopilaron pruebas que llevaron a su condena. Además, el pastor enfrenta una segunda denuncia por abuso sexual presentada por otra integrante de su culto, lo que ha complicado aún más su situación legal. Actualmente, permanece recluido en un centro carcelario mientras avanza este nuevo proceso en su contra.
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