Pacientes Colombia anunció posible paro nacional en salud para presionar al Gobierno por incumplimientos y colapso de servicios

El sistema de salud colombiano atraviesa una de las crisis más graves de su historia reciente, con un panorama que amenaza con colapsar en los próximos meses debido a la falta de recursos, deudas acumuladas y problemas estructurales.

Organizaciones de pacientes y gremios de prestadores de servicios de salud plantearon la posibilidad de un paro nacional como medida de presión para que el Gobierno del presidente Gustavo Petro tome acciones inmediatas frente a esta situación.

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Por ese motivo, la ONG Pacientes Colombia, una de las principales voces en defensa de los derechos de los pacientes en el país, advirtió que los servicios esenciales no están siendo garantizados y que miles de personas están quedando sin atención médica.

Denis Silva Sedano, vocero de esta organización, afirmó que la salud parece haberse convertido en una herramienta política en lugar de un derecho fundamental. “Es hora de ponerle fecha y hora a un paro nacional con la condición de garantizar los servicios esenciales y laborales de los trabajadores del sector”, declaró Silva Sedano a Semana.

La crisis no solo afecta a los pacientes, sino también a los prestadores de servicios de salud. Así mismo, el gremio Unips, que agrupa a los prestadores, recibió sugerencias para sumarse a un paro, aunque su representante, Jorge Toro, señaló que esto no se ha planteado de manera formal debido a las posibles sanciones legales que podrían enfrentar al tratarse de un servicio esencial.

Sin embargo, Toro reconoció que la falta de recursos económicos está llevando a las instituciones a reducir sus servicios, lo que podría tener consecuencias graves para el sistema.

En la actualidad, el sistema de salud colombiano enfrenta un déficit financiero que amenaza con agravarse en 2025. Esto por cuenta de que el presupuesto destinado a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que financia los servicios de salud, tiene un recorte de 12 billones de pesos.

Además, hay un faltante de 4,5 billones de pesos en los giros de los presupuestos máximos, lo que generó un desabastecimiento de medicamentos y un aumento en el gasto de bolsillo de los pacientes.

A esto se suma la intervención de nueve Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la acumulación de al menos 1,6 millones de quejas de pacientes durante 2024. Según el gremio de las EPS, Acemi, el dinero disponible no será suficiente para cubrir la atención médica de los enfermos, mientras que Acesi, que representa a los hospitales públicos, ha advertido que estas instituciones están al borde de un déficit financiero que podría paralizar sus operaciones.

El impacto de esta crisis ya se hizo evidente en 2024, cuando hospitales públicos en departamentos como Antioquia y Valle del Cauca suspendieron temporalmente la atención a pacientes de entidades como Nueva EPS y el Fomag debido a retrasos en los pagos.

La situación para 2025 es aún más crítica, ya que los costos operativos aumentarán debido al incremento del salario mínimo en un 9,5% y una inflación del 5,2%.

Expertos y organizaciones señalaron que la crisis del sistema de salud requiere medidas urgentes. Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, afirmó a Semana que es necesario declarar un estado de cosas inconstitucional para coordinar una respuesta entre las entidades gubernamentales, los gremios y otros actores del sector.

Según Vaca, la situación no podrá sostenerse más allá del primer trimestre de 2025 si no se toman acciones inmediatas. “Esta crisis es acumulativa, se agravó en estos últimos dos años, hay deudas pendientes de otros años y el debate sobre la insuficiencia de la UPC no es nuevo. Este es un problema crónico, con una línea gris, porque estamos en un momento álgido por las tensiones relacionadas con el Gobierno nacional”, afirmó la experta.

Entre las posibles soluciones, se planteó la necesidad de recalcular la UPC para garantizar que los recursos lleguen a los prestadores de servicios. Sin embargo, según Semana, algunas EPS ya han comunicado que solo podrán asumir un incremento del 1% en los pagos para 2025, lo que deja a muchas instituciones con recursos limitados para operar.

La crisis también afecta directamente al personal médico y administrativo del sector. La insuficiencia en el incremento de la UPC en comparación con el alza del salario mínimo podría llevar a una reducción del talento humano, ya que muchas instituciones no tendrán los recursos para pagar los honorarios correspondientes. Esto no solo pone en riesgo los empleos de miles de trabajadores, sino que también compromete la calidad de la atención médica.

La Red de Acuerdos Fundamentales, que agrupa a 350.000 médicos y profesionales de la salud, ha instalado una mesa de crisis junto con la Asociación Nacional de Sociedades Científicas para analizar posibles medidas ante la situación. Clemencia Mayorga, vocera de esta red, declaró a Semana que la prioridad debe ser evitar que la crisis se profundice y garantizar tanto la atención a los pacientes como los derechos laborales de los trabajadores.