Denuncia que 22 municipios del país estarían en riesgo ante una eventual emergencia sanitaria: esta sería la causa

La situación en La Dorada, municipio Caldas, y en 21 poblaciones más de los departamentos de Cundinamarca, Santander, Boyacá, Tolima y Antioquia, ha encendido las alarmas ante la posible clausura del relleno sanitario La Doradita: lo que podría representar en una crisis en materia ambiental sin mayores precedentes en esta zona del centro del país y, según la denuncia que ya se hizo viral en redes sociales, en un grave problema de salud pública para sus habitantes.

Este espacio es crucial para la gestión de residuos en estas poblaciones; no obstante, de acuerdo con la empresa responsable del servicio de recolección de basuras, Bioger ESP, y algunos usuarios y residentes de La Dorada, las presuntas irregularidades en las acciones de la inspectora municipal de Policía, Diana Valencia Bonilla, podrían acrecentar el problema con este relleno sanitario.

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La empresa ha señalado que la inspectora habría emitido una orden de desalojo del predio donde opera el relleno sanitario, sin que esta tenga argumento jurídico. Es por ello que la compañía enfatizó que las autoridades administrativas o judiciales son las encargadas de resolver disputas sobre contratos públicos, y no las entidades policiales carentes de competencia sobre estos temas que podrían generar, en este caso, una afectación mayor.

“Una decisión irregular de la inspectora de policía del municipio pretende desalojar a la empresa para entregar el relleno sanitario a un tercero, sin que este lo pueda operar porque no tiene licencia ambiental. Esta irregularidad se ha denunciado ante la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación y ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, indicó Javier Gómez, gerente de Bioger, que es el operador del mencionado espacio de depósito final de las basuras.

Temen por fuertes repercusiones en la salud pública y el medio ambiente

Para los denunciantes, el impacto de un eventual cierre sería, a todas luces, lamentable, pues además de la acumulación de residuos en los municipios afectados, existiría la posibilidad de que se ocasionen riesgos graves tanto para la salud como para el medio ambiente. Además, desde las comunidades advirtieron que no hay un plan de contingencia que permita manejar los desechos en caso de desactivar las operaciones del relleno sanitario.

“Nos preocupa pensar en el riesgo a la salud que representaría no tener un lugar para disponer nuestros residuos. El llamado es para los entes encargados de regular la operación, para que revisen qué está sucediendo con este tema”, expresó, por su parte, Iván Sánchez, comerciante de La Dorada, en relación con esta situación que podría derivar, además, en un colapso del sistema de aseo en los municipios afectados, con severas implicaciones para la calidad de vida y el bienestar de los habitantes.

Y es que es importante decir que las acusaciones contra la inspectora municipal, Valencia Bonilla, no se limitan únicamente a la orden de desalojo. Bioger, en conjunto con usuarios del servicio, han argumentado ante los estamentos jurídicos que las actuaciones son inconsistentes con el contrato de operación vigente entre la empresa y ESP La Dorada. Y podrían repercutir en el cumplimiento de las normativas ambientales, con efectos negativos tanto para las comunidades como para el ecosistema de la región y la premisa del actual Gobierno, el de Gustavo Petro, el de la preservación del medio ambiente.

“Si los residuos quedan en las calles, el impacto será devastador para todos los que vivimos aquí”, comentó la concejala Isabel Alvis de Robles, que no ocultó su preocupación por este asunto, en especial por el tema de salud, ante la aparente proliferación de enfermedades, y dejó en firme su petición para que las autoridades competentes intervengan en pro de garantizar que las operaciones continúen y se solucionen los conflictos de forma transparente.