La Ley 2385 de 2024, también conocida como la Ley No más olé, generó intensos debates en Colombia tras su promulgación, especialmente a raíz de las corridas de toros en las ferias de Cali y Manizales. En medio de la controversia, la Corte Constitucional se encuentra analizando 12 demandas que buscan tumbar esta ley, que establece la prohibición de las corridas de toros, rejoneos, novilladas, becerradas y tientas a partir del 22 de julio de 2027. El objetivo principal de la ley es eliminar las prácticas que implican maltrato animal y promover una “transformación cultural” en el país.
El rechazo hacia la tauromaquia, promovido por un sector de la sociedad animalista, encontró eco en figuras como la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández, que impulsó esta iniciativa. En contraposición, diversos políticos y autoridades locales defienden fervientemente la continuidad de las corridas de toros, considerando que esta práctica es parte de la identidad cultural de algunas regiones del país, como Manizales, donde la tradición taurina tiene una gran relevancia económica y social.
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El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, se mostró muy crítico de la Ley No más olé. En una conversación con el torero español Alejandro Talavante, el mandatario expresó su firme decisión de luchar por la permanencia de las corridas de toros en su ciudad. “Vamos a tumbar eso como sea. Estamos decididos a que no se vayan a acabar los toros en Manizales”, afirmó.
El impacto económico que podría generar la implementación de esta ley es uno de los puntos clave de las demandas presentadas ante la Corte. Los demandantes argumentan que la prohibición de las corridas de toros podría traer consigo pérdidas económicas significativas para las ciudades que dependen de estas festividades, afectando tanto a la industria taurina como a sectores relacionados con el turismo, la hotelería y el comercio local. De acuerdo con los opositores, la ley no incluyó un estudio de impacto fiscal que considere las posibles consecuencias económicas de la prohibición.
A pesar de estos reclamos, la Defensoría del Pueblo solicitó que la Corte respete el articulado de la Ley No más olé. Según Aquiles Arrieta, defensor delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales, la ley es “razonable y proporcionada constitucionalmente”. Arrieta destacó que la jurisprudencia de la Corte no consideró el respeto a las prácticas culturales, como las corridas de toros, por encima del sufrimiento animal. En su opinión, “cada vez es más claro que el sufrimiento animal, por deporte o por cultura, no tiene lugar bajo el orden constitucional vigente”.
Otras autoridades como la Alcaldía de Cali también se manifestaron en apoyo a la ley. Julio Miguel Oyola, Director Técnico de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal de la Alcaldía de Cali, aseguró que la ley responde a un “interés general” por proteger a los animales y que, aunque las corridas de toros son una expresión cultural, tienen efectos negativos sobre la integridad de los animales involucrados.
Sin embargo, el debate no está cerrado y persisten varias interrogantes legales. La Alcaldía de Bogotá, a través de su secretario jurídico Mauricio Moncayo Valencia, señaló que la ley presenta imprecisiones que podrían complicar su aplicación. Uno de los puntos más destacados por Moncayo es la falta de claridad sobre la reglamentación de la ley, especialmente en lo que respecta a la tauromaquia, durante los tres años de transición hasta la prohibición definitiva.
En este sentido, la Alcaldía de Bogotá solicitó a la Corte Constitucional que precise cómo debe proceder respecto a la sentencia T-296 de 2013, que ordenó la reanudación de la actividad taurina en la plaza de toros La Santamaría, en Bogotá. La nueva normativa podría generar un conflicto con esa sentencia, por lo que la Alcaldía busca orientación para cumplir con ambas disposiciones legales.
La Corte Constitucional se enfrenta a un dilema complejo, ya que debe balancear los derechos culturales de quienes defienden las corridas de toros con los derechos de los animales y el interés general de la sociedad. Mientras tanto, la expectativa sigue creciendo, ya que las demandas continúan en curso y los ciudadanos de diversas partes del país esperan la decisión final sobre el futuro de esta tradición taurina en Colombia.
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