Un total de 24 concejales y exconcejales de Bogotá se encuentran en el centro de una controversia tras ser citados a una audiencia pública de pérdida de investidura.
Esta decisión está relacionada con la aprobación de la creación del operador público de transporte, La Rolita, durante la administración de Claudia López, un proyecto que, según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, careció de los requisitos legales necesarios.
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La Rolita fue una de las apuestas más destacadas del Plan de Desarrollo Distrital de Claudia López, entonces alcaldesa de Bogotá.
Este operador público de transporte nació con el objetivo de ofrecer un servicio eficiente y sostenible, pero su creación fue declarada nula por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un fallo de segunda instancia emitido en octubre de 2024.
Según el Tribunal, el artículo 91 del Plan de Desarrollo, que dio origen a La Rolita, fue anulado debido a la falta de un estudio técnico que respaldara su viabilidad, requisito establecido en el artículo 69 de la Ley 489 de 1998. Este fallo confirmó una decisión previa del Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá.
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La demanda de pérdida de investidura
De acuerdo con Semana, tras el fallo judicial, el veedor Eduardo Carmelo Padilla presentó una demanda de pérdida de investidura contra los concejales y exconcejales que votaron a favor de la creación de La Rolita.
Entre los actuales concejales implicados se encuentran Edward Arias, Ana Teresa Bernal, Julián Espinosa, Andrés Onzaga, Heidy Sánchez, Rubén Torrado, María Clara Name, Fabián Puentes y Julián David Rodríguez Sastoque.
También se incluyó en la demanda a exconcejales como Álvaro Acevedo, Álvaro Argote, Diego Cancino, Carlos Carrillo, Nelson Cubides, Luz Marina Gordillo, Diego Guillermo La Serna, Luis Carlos Leal, Susana Muhamad, Celio Nieves, Andrea Padilla, Martín Rivera, María Fernanda Rojas, Ati Quigua Izquierdo y José Manuel Sarmiento.
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Según Padilla, los implicados habrían incurrido en una indebida destinación de dineros públicos al aprobar un proyecto sin contar con los estudios demostrativos exigidos por la ley.
“Todos los demandados debieron solicitar a la administración distrital el estudio demostrativo. Su omisión traicionó los cometidos estatales preestablecidos en la Constitución y la ley”, argumentó el veedor.
La acción de pérdida de investidura, según explicó Padilla, no solo tiene un carácter disciplinario, sino que también puede aplicarse retroactivamente, incluso, a quienes ya no ostentan el cargo de concejal.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha programado la audiencia pública para el lunes 20 de enero de 2025, a las 4:15 p. m. Durante esta sesión, los concejales y exconcejales tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos en respuesta a las acusaciones.
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La operación de La Rolita en medio de la controversia
A pesar de los fallos judiciales que anularon su creación, La Rolita continúa operando en Bogotá. Según las autoridades distritales, la sentencia no afecta el contrato de sociedad mediante el cual se formalizó la operación del operador, sino exclusivamente el acto administrativo que autorizó su creación en el Plan de Desarrollo.
La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, y el secretario jurídico de Bogotá, Mauricio Moncayo, han anunciado que la administración presentará un nuevo proyecto ante el Concejo de la ciudad para subsanar los errores legales y garantizar la continuidad de La Rolita. No obstante, hasta el momento, dicho proyecto no ha sido radicado.
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La controversia en torno a La Rolita pone en evidencia los retos de la gestión pública en Bogotá, así como las consecuencias de no cumplir con los requisitos legales en la implementación de proyectos estratégicos. Además, plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los concejales al aprobar iniciativas sin contar con todos los soportes necesarios.
Mientras tanto, el futuro de La Rolita y de los implicados en la demanda de pérdida de investidura dependerá de las decisiones que se tomen en las próximas semanas. La audiencia pública será clave para determinar si los concejales y exconcejales enfrentan sanciones que podrían afectar sus carreras políticas y su reputación pública.
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