Gobierno impondrá medidas de austeridad en contratación por prestación de servicios: revisarán pago de horas extras

El Gobierno nacional de Gustavo Petro, a través de un borrador del plan de austeridad para 2025, emitirá nuevas directrices para las entidades públicas, enfocándose en la reducción de gastos en la contratación de servicios externos. En un esfuerzo por optimizar los recursos del Estado, el documento señala que solo se aprobarán contratos de prestación de servicios cuando sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de funciones y objetivos específicos de las entidades, y cuando estas actividades no puedan ser realizadas por personal de planta o requieran capacidades externas.

El documento borrador, que tiene aproximadamente 10 páginas, establece que no se podrán celebrar nuevos contratos que tengan el mismo objeto de aquellos ya vigentes, salvo autorización expresa de los responsables de cada entidad, lo que buscará evitar duplicidad en los gastos públicos.

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Cabe resaltar que, el presupuesto, aprobado en una suma total de 511 billones de pesos, está diseñado para cubrir los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública. La distribución presupuestal se fundamenta en principios de eficacia y celeridad, conforme al artículo 209 de la Constitución Política. El Gobierno buscó garantizar la ejecución adecuada de los recursos a pesar de los retos que plantea la ausencia de nuevos ingresos tributarios.

El presupuesto para 2025 se divide en tres grandes rubros: funcionamiento, que cubre los costos administrativos del Gobierno, como salarios y gastos operativos de las entidades estatales; inversión, destinada a proyectos de desarrollo social, infraestructura, educación, salud y otras áreas prioritarias; y servicio de la deuda, que asigna recursos para cumplir con las obligaciones financieras adquiridas por la Nación.

Sin embargo, en el decreto que aún no sale y que fue filtrado, se lee que: “Las actuaciones de los Órganos del Poder Público deben desarrollarse, entre otros, con fundamento en los principios de eficiencia, equidad y economía para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, relacionados con la ordenación y ejecución del Presupuesto General de la Nación y, en general, con la administración de bienes y recursos públicos”.

En cuanto al impacto de estas medidas, se espera que las entidades del Presupuesto General de la Nación implementen un plan de reducción de costos a nivel de contratos de prestación de servicios, con el objetivo de generar un ahorro significativo en 2025, en comparación con el gasto del año anterior; iniciativa que forma parte de un esfuerzo por mantener la disciplina fiscal y asegurar un uso más eficiente de los fondos públicos.

Asimismo, el documento también plantea una revisión de los pagos por horas extras, sugiriendo que las entidades ajusten las compensaciones a las necesidades reales de los servicios prestados. De esta manera, se evitaría el reconocimiento innecesario del tiempo que se trabaja de más y se buscaría garantizar que la programación de trabajo esté alineada con las verdaderas demandas del servicio público.

“Respecto del gasto de la vigencia anterior, de acuerdo con el documento técnico de austeridad del gasto público, que expedida el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (...) Horas extras y vacaciones. Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deben adelantar acciones que permitan racionalizar el reconocimiento y pago de horas extras y ajustarlas a las estrictamente necesarias”, se lee en el borrador.

En cuanto a los horarios flexibles, el plan insiste en que deben garantizar la prestación continua y eficiente de los servicios, ajustándose a las normativas laborales vigentes y reduciendo la dependencia de horas extras, un gasto que fue considerado innecesario en algunos casos.

Estas medidas de austeridad, que entrarán en vigencia una vez se expida el decreto correspondiente, son un paso más en el proceso de racionalización del gasto público, con el fin de maximizar la eficiencia del Estado, reducir el déficit fiscal y garantizar que los recursos se destinen de manera más eficaz hacia las prioridades del país.