Un día después de que se conociera sobre la solicitud formal ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para unificar dos de los operadores más grandes de telefonía móvil en Colombia, Tigo y Movistar, en la mañana de este jueves 9 de enero se conocen nuevos detalles del proceso.
La SIC informó que la solicitud fue devuelta temporalmente debido a falta de información de las compañías, por lo que requirió nueva documentación antes de continuar con el proceso que fue radicado formalmente el pasado 20 de diciembre de 2024.
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“La Superintendencia, al hacer el estudio formal del escrito de pre-evaluación y de sus anexos, identificó que la información presentada no se encontraba completa”, señaló el ente de vigilancia.
Según detalló la entidad, el trámite formal no podrá iniciar hasta que las compañías entreguen los datos requeridos, los cuales son esenciales para evaluar la viabilidad de la operación.
De acuerdo con la SIC, el proceso comenzó el pasado 19 de diciembre de 2024, cuando ambas empresas radicaron un escrito con el propósito de iniciar la etapa de pre-evaluación de su integración.
Sin embargo, tras revisar la documentación presentada, la Superintendencia identificó que esta no cumplía con los requisitos de completitud necesarios para proceder con el análisis. Por esta razón, el 24 de diciembre de 2024, la entidad emitió un requerimiento formal de información adicional, en cumplimiento del artículo 2.3. de la Resolución 2351 de 2021.
Entre los datos solicitados por la SIC se encuentran detalles específicos sobre la operación propuesta, así como información relacionada con los mercados relevantes en los que operan ambas compañías.
Asimismo, la entidad estableció un plazo máximo de dos meses, contados a partir de la fecha del requerimiento, para que las empresas entreguen la información solicitada.
“La información requerida por la Superintendencia deberá ser remitida por las empresas en un plazo máximo de dos meses, contados desde la fecha del requerimiento. En caso de que estos tiempos no se cumplan, se entenderá que se ha desistido del trámite”, comentó la SIC en un comunicado.
Una vez que la información sea recibida y verificada como completa, la Superintendencia procederá a dar inicio formal al trámite de autorización de la integración.
Según informó la entidad, este procedimiento será publicado tanto en su página web como en un diario de amplia circulación nacional. Este paso tiene como objetivo permitir que terceros interesados puedan aportar pruebas o elementos de juicio que consideren relevantes para el análisis de la operación.
“Actualmente, la Superintendencia se encuentra a la espera de que las empresas radiquen la información solicitada, pudiendo así verificar que esté completa. Con esto se dará inicio formal al trámite solicitado”, señaló la entidad.
La SIC enfatizó su compromiso con la transparencia y el rigor en el manejo de este tipo de trámites, asegurando que la ciudadanía puede confiar en que el análisis de la solicitud se realizará bajo estrictos estándares técnicos y legales.
Tigo solicitó aval para despido por reestructuración organizativa
UNE EPM Telecomunicaciones, conocida comercialmente como Tigo, enfrenta un panorama financiero complejo que la ha llevado a tomar decisiones drásticas para garantizar su sostenibilidad.
Según informó la compañía, ha solicitado al Ministerio de Trabajo de Colombia la autorización para llevar a cabo un despido colectivo, una medida que busca responder a los desafíos económicos y operativos que enfrenta el sector de las telecomunicaciones.
De acuerdo con la información publicada por la empresa, la decisión de implementar un despido masivo surge tras un análisis estructural que evaluó aspectos técnicos, operativos y económicos.
Este diagnóstico evidenció la necesidad de ajustes profundos para enfrentar las dificultades del sector y garantizar la sostenibilidad operativa a largo plazo. En este contexto, Tigo ha puesto en marcha dos políticas específicas: una de reestructuración organizativa y otra de retiro anticipado, dirigidas a colaboradores y prepensionados que deseen acogerse de manera voluntaria. Estas medidas estarán vigentes hasta el 30 de abril y el 31 de octubre de 2024, respectivamente.
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