Procuraduría pidió suspender licitación del PAE en Quibdó luego de encontrar estas falencias

En la mañana del jueves 9 de enero de 2025, se conoció la solucitud expresa que realizó la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública al alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, para que suspendiera la licitación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) para 2025 en la capital chocoana por $16.000 millones.

Se trata del proceso licitatorio número LP-004 de 2024 que hace parte de la vigencia de 2025, que de acuerdo con los hallazgos del procurador Marcio Melgosa, no se incluyeron algunos puntos de obligatorio cumplimiento.

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El ente de control determinó que durante el procedimiento de evaluación de los aspirantes, no se consideraron aspectos obligatorios, como otorgar diez puntos a quienes adquieran productos de proveedores locales, seis puntos por el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y seis puntos adicionales al postulante que sea un pequeño productor o proveedor directo.

“En ese sentido, el ente de control pidió al mandatario local un informe con los análisis por los que eximió los factores ponderables obligatorios de compra pública local, cuota parafiscal y proveedor directo, y otro con los realizados para no incluir en los documentos del proceso disposiciones como la inclusión de las zonas geográficas y la compra pública local de alimentos a pequeños productores agropecuarios”, expresó el Ministerio Público.

Asimismo, la Procuraduría advirtió riesgos en la adjudicación del contrato debido al uso de un pliego de condiciones definitivas vigente. “(...) por lo que solicitó también publicar el documento enviado a la plataforma transaccional Secop II, dentro del proceso y la correspondiente respuesta, de manera que sea visible para los interesados”, puntualizó.

Cabe señalar que, la audiencia de adjudicación del contrato estaba prevista para realizarse en la tarde del jueves 9 de enero de 2025, que deberá ser replanteada en vista de las recomendaciones y advertencias del ente de control.

Procuraduría citó a juicio disciplinario a jueza penal militar por falsificar un documento para obtener un crédito

Un documento laboral que habría sido firmado por un funcionario en periodo de vacaciones se encuentra en el centro de una investigación contra Francy Helena Castaño Barragán, jueza del Juzgado 186 de Instrucción Penal Militar.

Según informó la Procuraduría, el miércoles 8 de enero de 2025, la funcionaria habría utilizado esta certificación, presuntamente falsa, para gestionar un préstamo en el Banco Caja Social. Este hecho llevó al ente de control a formular un pliego de cargos en su contra, calificando la falta como gravísima y señalando que habría sido cometida con dolo.

De acuerdo con la información proporcionada por la Procuraduría, el documento en cuestión corresponde a una certificación laboral de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Militar y Policial, fechada en septiembre de 2021 y firmada por el director general de la entidad. Sin embargo, las investigaciones preliminares indicaron que el funcionario que aparece como firmante del documento no se encontraba en funciones en ese momento, ya que estaba disfrutando de un periodo de vacaciones. Este detalle generó serias dudas sobre la autenticidad del documento y el rol de la jueza en su elaboración y uso.

“El ente disciplinario confirma si la funcionaria aportó y usó una certificación laboral de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Militar y Policial, al parecer fechada para septiembre de 2021 y suscrita por el director General, con el objeto de obtener un préstamo en el Banco Caja Social, supuestamente firmado por un funcionario que para aquel momento se encontraba de vacaciones”, indicó puntualmente el ente de control.

Asimismo, señaló que la conducta atribuida a Castaño Barragán reviste una gravedad debido a su naturaleza dolosa. En términos legales, el dolo implica que la acción fue realizada con plena intención y conocimiento de su ilicitud.

Por el momento, la jueza enfrenta un proceso disciplinario que podría culminar en sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, dependiendo de los hallazgos que arroje la investigación.