En Santander, camioneros siguen firmes en intención de irse a paro

En medio de la creciente tensión por el alza en el precio del ACPM y las tarifas de peajes, más de diez asociaciones de conductores de carga pesada anunciaron que, aunque no habían definido fecha ni hora para iniciar el paro, los camioneros del departamento de Santander confirmaron el cese de actividades a partir de la madrugada del martes 7 de enero. Esta decisión, comunicada a través de Caracol Radio, subraya la determinación del gremio de manifestarse ante lo que consideran una situación insostenible.

Jenny Alvarado, vocera de los camioneros en la región, destacó que el paro se mantiene debido al anuncio de un nuevo incremento en los peajes programado para el 15 de enero. “El paro sigue porque el Gobierno Nacional anuncia otra alza nuevamente a los peajes el 15 de enero, no respetó el alza del combustible, entonces tenemos 15 puntos de acuerdo en donde se ha hablado mucho pero no nos dan soluciones a nosotros,” afirmó.

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Además, Alvarado señaló que el mal estado de las vías en el país representa un problema adicional que ha motivado al gremio a salir a manifestarse. La vocera enfatizó que esta situación afecta no solo a los conductores, sino a la economía en general, debido a los retrasos y costos adicionales que genera el deterioro de la infraestructura vial.

En respuesta al anuncio del paro, las autoridades del departamento de Santander instalaron desde el domingo un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la situación de orden público. Este esfuerzo busca garantizar la seguridad y el flujo vehicular en los puntos estratégicos que podrían verse afectados por los bloqueos anunciados.

Contexto nacional

La decisión de los camioneros de Santander se enmarca en una problemática de alcance nacional. El gremio de transportadores ha manifestado reiteradamente su inconformidad con las políticas del Gobierno Nacional relacionadas con los incrementos en los precios del combustible y las tarifas de peajes, así como con la falta de soluciones concretas para mejorar la infraestructura vial.

El paro, que ya ha generado preocupación entre los diferentes sectores económicos, podría tener un impacto significativo en el transporte de mercancías y el abastecimiento de productos en la región. Mientras tanto, las negociaciones entre el gremio de transportadores y el Gobierno continúan siendo fundamentales para evitar una escalada de la situación.

La tensión entre los camioneros y el Gobierno subraya la necesidad de una acción inmediata para abordar los puntos de desacuerdo. Mejorar las vías, revisar los incrementos en los costos operativos y garantizar un diálogo efectivo son pasos indispensables para desactivar las protestas y restaurar la normalidad en el transporte de carga pesada en el país.

Aunque unos confirman paro, otros lo niegan

El presidente de la Asamblea Nacional del Transporte, Alejandro Quiroga, le dijo a Infobae Colombia de que no todo el gremio ha confirmado estar en paro, sino un sector de los empresarios del mismo.

Sin embargo, también se han conocido llamamientos y convocatorias de otros voceros, que son claros en sus intenciones de frenar sus labores, tomando así vías de hecho para sus exigencias al Gobierno.

Una de las causas de la polémica es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), una herramienta financiera que representa un gasto anual multimillonario para el Estado. Según el Ministerio de Hacienda, entre 2022 y 2023 el diésel (Acpm) fue responsable del 62,6% del déficit acumulado por el fondo.

Desde el principio, los transportadores se han opuesto con firmeza a la idea de aumentar el precio del diésel, dado que este combustible es esencial para el transporte de carga. Más de 10 mesas de negociación se llevaron a cabo, pero ninguna culminó en un acuerdo definitivo.

En agosto de 2024, tras varios intentos fallidos de diálogo, el Gobierno anunció un aumento de $1.900 en el precio del galón de Acpm. La reacción del gremio fue inmediata: un paro nacional de camioneros que paralizó las principales vías del país. Ante la presión, el Ejecutivo retrocedió y firmó un acuerdo de 15 puntos que incluyó un aumento inicial de $400 y otro de igual valor que comenzó a regir en diciembre de 2024.

Aunque este consenso logró calmar las aguas temporalmente, el conflicto se ha reavivado debido a rumores de nuevos incrementos. Los transportadores han advertido que un nuevo ajuste podría desatar un nuevo paro.