Colombianos montaron una red internacional de venta fraudulenta de mascotas en España: ganaron millones de euros mediante estafas

En un operativo conjunto entre la Guardia Civil de España, la Interpol y la Policía Nacional de Colombia, desmantelaron una red criminal con alcance internacional que habría estafado a 250 víctimas por más de 150.000 euros mediante la venta de animales de compañía.

Los resultados de la operación Canmoney se dieron a conocer en la mañana del viernes 27 de diciembre de 2024, dejando un saldo de 28 personas detenidas y otras 30 bajo investigación.

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Los involucrados estarían repartidos entre España y Colombia. A través de estas estafas se esclareció un total de 681 hechos delictivos, 335 estafas, 158 usurpaciones de estado civil, 95 falsificaciones de documentos, 33 amenazas, 60 blanqueos de capitales y pertenencia a organización criminal, destacó el Ministerio del Interior español a través de un comunicado.

Estos resultados no habrían sido posibles sin una denuncia por estafa que llegó a las autoridades, después de que la persona afectada realizó el pago por la compra de una mascota que nunca recibió.

Para evadir los controles y dificultar la detección de los movimientos de altas sumas de dinero, la organización primero ingresaba los fondos en cuentas bancarias. Posteriormente, convertían el dinero en criptomonedas, que eran transferidas a las cuentas vinculadas a la red delictiva.

Por la “venta de perros de compañía ofertadas por unos 500 euros a través de diversos portales de compraventa”, indicó el documento oficial, la empresa criminal logró un “volumen de más de 35 millones de euros en transacciones con criptomoneda”. De este valor lograron ingresar más de tres millones en efectivo en el sistema bancario español, moviendo así el dinero por todo el país.

No solo estafaban a sus víctimas, también las amenazaban para que pagaran

“Para ganar la confianza de las víctimas, los estafadores enviaban documentos de identidad usurpados, previamente obtenidos de otras personas estafadas”, aseguró el Ministerio Público a través del despacho.

Pero no todo terminaba ahí, porque luego de que recibían un primer pago, “los presuntos vendedores exigían un segundo pago y si la víctima se negaba, era amenazada de muerte mediante mensajes o llamadas telefónicas”, destacó el oficio del Ministerio del Interior español. Las amenazas se meterializaban a través del envío de imágenes intimidatorias de armas de fuego; con ello aseguraban que la víctima hiciera el pago del transporte.

Las indagaciones condujeron a la detención de un primer implicado en la provincia de Valencia. Desde ese momento, uno a uno como piezas de dominó en una fila, comenzaron a caer los integrantes de organización.

Los casos que conocieron las autoridades españolas se reportaron en 43 provincias: Zaragoza, Badajoz, Castellón, Madrid, Córdoba, Huesca, Jaén, Logroño, Cantabria, Sevilla, Toledo, Valladolid, Cáceres, Vigo, Vizcaya, Valencia, Barcelona, Granada, Almería, Huelva, A Coruña, Albacete, Asturias, Navarra, Murcia, Alicante, Pontevedra, Guadalajara, Girona, Ceuta, Burgos, Orense, Palencia, Málaga, Álava, Ciudad Real, Cádiz, Cuenca, Zaragoza, Tenerife, Tarragona, Islas Baleares, Las Palmas y Zamora.

El papel que jugaban las transacciones con criptomonedas y los roles dentro de la organización

Dentro de los detalles que se conocieron tras la operación Canmoney, las doce diligencias de allanamiento (nueve en España y tres en Colombia), y que ejecutaron de forma paralela la Guardia Civil junto a Dijín (Dirección de Investigación Criminal), el Centro Cibernético Policial y la Oficina Nacional de la Dirección de Investigación Criminal de Interpol de la Policía Nacional de Colombia, así como con Europol, varios celulares fueron decomisados.

Con estos aparatos se habrían realizado las estafas y mantener contacto con las víctimas. Sumado a esto se incautaron propiedades, vehículos, computadores portátiles, máquinas contadoras de billetes, dispositivos móviles e informáticos, dinero en efectivo, billeteras frías, criptomonedas, armas de fuego ilegales y documentación relacionada.

En el caso de las criptomonedas, las pesquisas arrojaron que “eran empleadas como una herramienta estratégica para dificultar la detección de los fondos ilícitos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, facilitando al mismo tiempo su integración en el sistema financiero legítimo”.

Uno de los puntos claves para poder desenmarañar todo la operación de la organización fue el rol que desempeñó el propietario de un locutorio (como se conoce en España a un centro de cabinas telefónicas), y que aprovechaba la actividad económica a la que se dedica, sumado a conocimientos que le sirvieron actuar como testaferro en España.

De esta forma, el dueño del locutorio y su pareja, “ingresaron unos tres millones de euros mediante cajeros automáticos distribuidos en diversas provincias españolas. Estos fondos eran posteriormente convertidos en criptomonedas y enviados a cientos de direcciones de criptomonedas, dificultando su rastreo”, agregó el documento oficial.

La primera cadena de integrantes de la organización que cayeron tanto en Colombia y España debían realizar la apertura de cuentas bancarias para que allí fueron depositado el dinero producto de las estafas. Los miembros de un rango superior debían recepcionar el dinero, convertirlo en criptomonedas y depositarlo en direcciones de criptomonedas descentralizadas. Ya la cima de la piramide delictiva la complentaban los cabecillas, que operaban desde Colombia y Camerún.

Se espera que en los próximos días se puedan conocer las sentencias en contra de los hoy detenidos mientras avanza el proceso judicial.