Familias vulnerables se endeudarán más para adquirir vivienda propia, según Asocajas: “Es una gran pérdida”

Según el Gobierno nacional, la caída de la ley de financiamiento en Cámara y Senado de la República, el 11 de diciembre de 2024, trajo recortes devastadores para los diferentes ministerios, así como para el presupuesto de las regiones.

De hecho, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio indicó que este fue el motivo de la cancelación de los subsidios de ‘Mi Casa Ya’, con los que miles de familias vulnerables se beneficiaban para adquirir viviendas de interés social.

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El cierre temporal de la plataforma TransUnion, utilizada para las preasignaciones de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y las postulaciones al subsidio familiar de vivienda nueva urbana, fue anunciado como una medida de “responsabilidad presupuestal”.

Del mismo modo, el Gobierno aseguró a los beneficiarios que ya tienen asignado el subsidio y las coberturas a tasas de interés que estos derechos están garantizados. Además, para los hogares en estado de preasignación, se mantendrá la reserva del subsidio, siempre que cumplan los requisitos y haya disponibilidad presupuestal al momento de la entrega de la vivienda.

Al respecto, la presidenta de la Asociación Nacional de Cajas de Comprensación Familiar, Asocajas, Adriana Guillén, en conversación con Blu Radio, expresó su preocupación frente a las dificultades que atravesarán las familias de estratos bajos en su propósito de comprar vivienda.

“Es una gran pérdida para los trabajadores con menores ingresos. Antes, una persona que ganaba menos de dos salarios mínimos podía combinar ambos subsidios y reducir el monto del crédito necesario para adquirir una vivienda. Ahora, tendrán que endeudarse más, algo que no siempre es viable para muchas familias”, dijo Guillén al medio citado.

No obstante, aseguró que como caja de compensación continuarán ofreciendo alrededor de 65.000 subsidios anuales, los cuales serán financiados con los aportes de los empleadores.

“El 7 % de nuestros afiliados gana menos de dos salarios mínimos y, para ellos, esta medida significa un esfuerzo financiero más grande, que no siempre es posible asumir. A esto se suma que las regiones con menor formalidad laboral, como las áreas rurales, tendrán menos acceso a estos beneficios”, complementó.

En la conversación con el medio mencionado, Guillén dio un parte de tranquilidad a los beneficiarios al asegurar que las cajas de compensación están implementando estrategias para contrarrestar los efectos del recorte en los subsidios de vivienda. Estas incluyen una alianza con Findeter para ofrecer créditos con tasas más bajas y un subsidio de arrendamiento mensual de entre $500.000 y $600.000, destinado a facilitar el ahorro de los afiliados para la compra de una vivienda.

Además, la ejecutiva advirtió sobre el impacto negativo que esta situación podría tener en el sector constructor, el cual ya enfrenta una baja en la demanda de vivienda. Destacó la importancia de mantener el apoyo a este sector, ya que su desaceleración no solo afectaría la oferta habitacional, sino también la generación de empleo y la economía en general.

“Es vital que el Gobierno priorice el otorgamiento de subsidios para vivienda nueva como una herramienta clave para la reactivación económica. Desde las cajas de compensación familiar hacemos un llamado para reconsiderar el direccionamiento de recursos hacia ese objetivo esencial”, puntualizó la presidenta ejecutiva de la Asociación.

Según cifras del ministerio de Vivienda, durante el gobierno de Gustavo Petro, se han invertido $5,5 billones para beneficiar a un millón de personas en 733 municipios, mediante programas de vivienda de interés prioritario (VIP) y social (VIS), mejoramiento de vivienda urbana y rural, y vivienda nueva rural.

Se han asignado 211.524 subsidios de vivienda nueva urbana, con 111.883 coberturas a tasas de interés, lo que ha requerido $3,8 billones y beneficiado a 740.334 personas. De estos subsidios, 124.035 fueron entregados por Fonvivienda y 87.489 por cajas de compensación familiar.

En mejoramiento de vivienda, se han invertido $1,7 billones para 115.954 intervenciones que han beneficiado a 405.839 personas, mientras que en el ámbito rural, se han destinado $607.000 millones para gestionar 9.825 viviendas nuevas, beneficiando a 34.387 personas y mejorando la calidad de vida en el campo.