En un intento por reducir la brecha salarial en el sector público, la senadora Aída Avella presentó el miércoles 18 de diciembre de 2024, el proyecto de Ley 362 de 2024, que busca establecer límites claros a los denominados “mega salarios” y regular los incrementos salariales.
Según Avella, la iniciativa tiene como objetivo garantizar que ningún funcionario público perciba un sueldo superior al del presidente de la República y promover aumentos salariales más equitativos.
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La senadora compartió detalles del proyecto a través de su cuenta en X, en la que publicó un video explicando la propuesta: “No puede ser que el salario mínimo tenga el mismo incremento porcentual que los grandes salarios del Estado. Por eso creemos necesario establecer reglas para disminuir la brecha salarial que existe actualmente”.
También agradeció a su equipo de trabajo por el apoyo en la elaboración de la propuesta y enfatizó que espera que el proyecto sea discutido en febrero de 2025, una vez reinicie la actividad legislativa.
Puntos principales del proyecto
El proyecto de Ley 362 busca implementar los siguientes cambios:
- Límite salarial en el sector público: establecer que ningún funcionario del Estado pueda ganar más que el presidente de la República, cuyo salario mensual se encuentra en 34 millones de pesos.
- Criterios para aumentos salariales: proponer que los incrementos salariales sean diferenciados según el rango de ingresos. Esto significa que quienes ganan el salario mínimo deberían recibir aumentos porcentuales mayores que quienes perciben sueldos elevados.
- Reducción de los mega salarios: Avella hizo énfasis en la necesidad de eliminar los salarios públicos superiores a 100 millones de pesos mensuales, argumentando que son insostenibles y generan desigualdad.
- Revisión del impacto presupuestal: aunque no se conocen detalles específicos sobre cómo se implementará la reducción de los mega salarios, la senadora propuso un análisis riguroso de los costos fiscales asociados con estos pagos.
La senadora subrayó que esta propuesta no solo tiene como objetivo reducir la inequidad en el sector público, sino establecer un precedente para la justicia salarial en el país.
“Tenemos que acostumbrarnos a que los salarios altos, incluyendo los del Congreso, tengan incrementos limitados”, concluyó.
Contexto del debate salarial en Colombia
El proyecto de Avella se radicó en un momento en el que el debate sobre los salarios y la desigualdad económica ocupa un lugar central en el panorama nacional.
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), aunque el salario mínimo en Colombia fue fijado en 1,300,000 pesos en 2024, con un auxilio de transporte adicional de 162,000 pesos, estos ingresos siguen siendo insuficientes para muchas familias colombianas.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), los ingresos que definen las clases sociales en Colombia varían significativamente.
Por ejemplo, una persona necesita ganar entre 781,000 y 4,201,570 pesos mensuales para ser considerada parte de la clase media, mientras que la clase alta comienza en ingresos superiores a este último monto.
En contraste, la línea de pobreza está marcada por ingresos inferiores a 435,375 pesos mensuales, lo que deja ver la desigualdad existente en el país.
Además, un informe reciente del Banco Mundial destacó que, aunque la clase media ha crecido en Colombia en los últimos años, alcanzando al 34% de la población en 2023, la pobreza extrema sigue afectando al 32.4% de los colombianos.
Impacto de los mega salarios en la desigualdad
Los mega salarios han sido objeto de críticas debido a su impacto en las finanzas del Estado y la percepción de inequidad.
Mientras que algunos servidores públicos pueden llegar a ganar más de 100 millones de pesos al mes, millones de colombianos luchan por cubrir sus necesidades básicas con ingresos que apenas superan el salario mínimo.
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