El lunes 16 de diciembre de 2024, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (Srvr) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) notificó al general retirado Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que deberá entregar un informe detallado en los próximos cinco días hábiles.
Esta solicitud forma parte del proceso en curso dentro del Caso 08, que investiga el vínculo entre agentes estatales y grupos paramilitares en Medellín durante 2001, con un enfoque particular en las violaciones de derechos humanos cometidas en ese periodo.
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La resolución, que está sustentada en la justicia transicional acordada en los diálogos de paz, exige que Santoyo proporcione un “aporte exhaustivo y detallado” que permita esclarecer las circunstancias y hechos relacionados con la colaboración entre las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares en la región de Antioquia.
El contexto de la investigación
El Caso 08, que es parte de la investigación de la JEP, busca determinar la magnitud de la colaboración entre miembros de las Fuerzas Armadas y los paramilitares, en especial en lo relacionado con las dinámicas criminales que subyacen a las violaciones de derechos humanos en ciudades como Medellín.
Por lo tanto, la Sala de Reconocimiento consideró que el testimonio de Santoyo podría ofrecer información crucial sobre los hechos investigados, dados sus cargos y su cercanía con altos funcionarios del gobierno de Uribe en ese entonces.
En su resolución, la Srvr especificó que las conductas cometidas en ese contexto, tal como las describe la Resolución de Acusación emitida por la Fiscalía General de la Nación, son fundamentales para la prosecución del caso.
Además, recalcó que debido a la posición de Santoyo en el aparato estatal, su contribución a la investigación podría iluminar aspectos clave de la relación entre el Estado y los grupos paramilitares, especialmente en lo relacionado con las dinámicas de violencia en Medellín en el año 2001.
La solicitud de la JEP
En ese sentido, el tribunal ordenó que Santoyo entregue, en un plazo de cinco días, un pronunciamiento “claro, concreto, exhaustivo y detallado” sobre el contenido de la acusación presentada por la Fiscalía, además, la Sala de Reconocimiento incluyó en su decisión la obligación de notificar personalmente al general retirado y a su representante judicial.
La JEP señaló que, si Santoyo no cumple con su obligación de colaborar, podría enfrentar la revocatoria de los beneficios que actualmente disfruta dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, un sistema legal que establece beneficios para aquellos que aporten a la verdad y se comprometan con el proceso de paz.
El historial judicial de Santoyo
Mauricio Santoyo ha sido una figura clave en la política de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe. Durante su carrera, ocupó varios cargos en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional; sin embargo, su historial se ha visto empañado por su implicación con los grupos paramilitares.
En 2018, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico, un delito cometido en colaboración con las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), un grupo paramilitar de gran notoriedad en Colombia.
Santoyo fue detenido en 2017 y extraditado a Estados Unidos, donde cumplió su condena y tras su liberación, fue admitido en el Sistema Integral de Justicia para la Paz, en la que se comprometió a aportar a la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante su servicio en el gobierno de Uribe.
Sin embargo, su actitud ante la JEP ha sido ambigua, ya que ha sido señalado por no entregar la información suficiente que se espera de los exmiembros de las fuerzas armadas y de los grupos paramilitares en el marco de este sistema judicial transicional.
En mayo de 2024, la JEP ya había negado su solicitud de libertad condicional, argumentando que sus aportes a la verdad eran insuficientes. En ese entonces, el tribunal le ordenó ampliar sus declaraciones y proporcionar información adicional, con el riesgo de que su incumplimiento resultara en su expulsión del sistema de justicia transicional.
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