En la mañana de domingo 15 de diciembre, Susana Correa, exdirectora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) durante el gobierno de Iván Duque, se pronunció públicamente para desmentir las acusaciones realizadas por Juan Carlos Martínez, conocido en el ámbito político como “el hombre del maletín”. Martínez, que admitió manejar negociaciones para el fallecido exsenador Mario Castaño, implicó a Correa en supuestas irregularidades relacionadas con la adjudicación de contratos millonarios a favor de congresistas.
Según las declaraciones de Martínez, expuestas ante la Corte Suprema de Justicia, la exfuncionaria habría participado en direccionamientos contractuales que beneficiarían a ciertos sectores políticos a cambio de apoyo en el Congreso. Este señalamiento surge en medio de las investigaciones que vinculan a Mario Castaño con actos de corrupción en la gestión de recursos públicos y la creación de una red clientelista en distintas regiones del país.
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La postura de Susana Correa
En su pronunciamiento escrito, Correa calificó las afirmaciones de Martínez como infundadas y carentes de sustento, señalando que jamás tuvo conocimiento de acuerdos contractuales ilegales ni de beneficios económicos a favor de Mario Castaño o de otros legisladores. Afirmó que su gestión en el DPS siempre se desarrolló bajo estrictos principios de transparencia y legalidad.
La exdirectora enfatizó que desconocía la existencia de un grupo de senadores autodenominado “la Santísima Trinidad”, al cual Martínez hizo referencia como un presunto eje de corrupción para direccionar proyectos gubernamentales. Además, desestimó las declaraciones de Martínez sobre supuestas deudas económicas que el gobierno habría adquirido con Castaño por su apoyo político, calificándolas como incoherentes y basadas en rumores.
“Nunca conocí la supuesta existencia de un grupo de senadores denominado la Santísima Trinidad. Martínez igualmente falta a la verdad, en el sentido de que el gobierno acordó un favorecimiento contractual a cambio del apoyo de senadores a proyectos de ley”, expuso.
Correa también aclaró que, aunque Mario Castaño y otros senadores participaron en reuniones oficiales del DPS durante su mandato, dichas interacciones se limitaron al análisis de proyectos para sus respectivas regiones y no incluyeron conversaciones sobre beneficios contractuales ilícitos.
Un proceso de investigación en curso
La exdirectora indicó que ha puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación toda la información necesaria para demostrar la falsedad de las declaraciones de Martínez. Este gesto busca contribuir al esclarecimiento de los hechos y reafirmar su compromiso con la verdad. Según Correa, las menciones realizadas por Martínez se basan únicamente en rumores y carecen de pruebas concretas.
“Me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para demostrar que las menciones de oídas de Martínez no son ciertas”, señaló.
El contexto de las acusaciones
Mario Castaño, el principal implicado en las acusaciones, fue señalado por liderar una amplia red de corrupción que manejaba recursos públicos en múltiples regiones del país. Tras su fallecimiento, han surgido nuevas revelaciones sobre su presunta participación en acuerdos políticos y clientelistas, algunos de los cuales involucran a otros funcionarios de alto nivel.
Por su parte, Juan Carlos Martínez, autodenominado “el hombre del maletín”, ha colaborado con las autoridades ofreciendo detalles sobre el funcionamiento de esta red. Sin embargo, las recientes declaraciones de Martínez han sido recibidas con cautela, ya que se sustentan en testimonios de oídas que podrían carecer de corroboración.
El caso de Mario Castaño y los testimonios de Juan Carlos Martínez reflejan el complejo entramado de corrupción que afecta a varias instituciones públicas. Las autoridades enfrentan el desafío de discernir entre hechos verificables y rumores, garantizando que las investigaciones sean justas y concluyentes. Mientras tanto, figuras como Susana Correa buscan defender su integridad ante señalamientos que, según ellas, son infundados.
Este episodio subraya la importancia de fortalecer los controles en la contratación pública y garantizar la transparencia en la gestión de recursos, como una forma de prevenir que redes de corrupción comprometan el funcionamiento de las instituciones y el desarrollo del país.
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