Apareció dueño de la avioneta incautada en aeropuerto de Medellín; negó vínculos con el ELN: “Ni siquiera vale lo que una Toyota nueva”

El pasado miércoles 11 de diciembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación anunció un contundente golpe contra las finanzas del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En una operación que incluyó la incautación de 141 bienes, avaluados en más de 33.000 millones de pesos.

La Fiscalía confiscó propiedades que, según las investigaciones, habrían sido adquiridas con recursos provenientes de actividades ilegales como la extorsión, el secuestro y la explotación ilícita de minerales.

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Entre los bienes ocupados se encontró una avioneta monomotor IBIS modelo Magic-XP, localizada en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín; y que, según las autoridades, habría sido utilizada en actividades ilegales por parte del grupo guerrillero. Además, fueron ocupados 51 vehículos, 24 fincas, 41 inmuebles urbanos, 7 sociedades, 9 establecimientos de comercio y sumas de dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares; vinculando a la investigación a más de 25 personas, identificadas como presuntas colaboradoras del Comando Especial Urbano del ELN.

Según el ente acusador, estas personas carecen de ingresos económicos estables o la capacidad para adquirir y mantener bienes de tan alto valor, lo que reforzaría las sospechas de que los activos fueron financiados con dineros ilícitos.

Lo que dijo el propietario de la avioneta incautada

Uno de los elementos más llamativos del caso es la avioneta incautada, cuya matrícula HJ 225 figura registrada a nombre de Stiven Castaño Pino, que aseguró ser un empresario minero del Nordeste antioqueño. Dado que la información sobre la aeronave y su presunto uso para actividades ilegales del ELN generó interrogantes, Castaño Pino no tardó en responder a las acusaciones.

En declaraciones al diario El Tiempo, el empresario confirmó haber recibido una notificación de la Fiscalía que lo vincula al caso: “El viernes me llegó una notificación de la Fiscalía en la que se señala que 25 personas y yo estamos vinculadas a un proceso de extinción de dominio en el que se sugiere que los bienes incautados se adquirieron con dinero del ELN”.

En su defensa, Castaño enfatizó que su familia ha estado ligada a la minería de oro durante décadas y que la avioneta, solo habría sido usada para transportar insumos mineros. “Mi familia y yo llevamos 60 años en el sector de minería de oro. ¿Acaso no es suficiente nuestra empresa para tener respaldo de ese avión? En el mercado vale $250 millones, ni siquiera lo que vale una Toyota TXL nueva”, declaró.

Además, aseguró que el monomotor se había utilizado solo cinco veces en los últimos tres años, cubriendo rutas entre Amalfi y Cali; y en pistas privadas de su empresa llamada Minería La Vetilla S. A. S. Por ello, cuestionó el proceder de las autoridades, afirmando: “Si yo fuera un delincuente, ¿cómo me van a dar autorización en el Departamento de Control de Comercio de Armas para el manejo de explosivos?”.

Castaño también denunció daños a la aeronave durante el operativo: “La Policía le arrancó las alas y a mí me metieron en una organización a la que no pertenezco. Aquí hay manos de terceros o el Estado tratando de dar un positivo. Es muy cuestionable el proceder de las autoridades”.

La versión de la empresa minera mencionada por Castaño

La empresa mencionada por Stiven Castaño, Minera La Vetilla S. A. S., registrada en la Cámara de Comercio del Magdalena Medio desde 2005, se dedica al comercio al por mayor de metales y a la extracción de oro y otros metales preciosos. Sin embargo, según pudo constatar EL Colombiano, en los registros del Registro Único Empresarial y Social (RUES), Castaño no figura como representante legal ni como socio de la compañía.

Desde Minera La Vetilla también indicaron que desconocen el proceso de incautación realizado por la Fiscalía y aclararon que Castaño Pino no es portavoz de la empresa ni está relacionado con su administración o socios.

Mientras continúa la investigación, el caso de la avioneta HJ 225 pone en el centro del debate la efectividad y las garantías del proceso judicial, así como el impacto de las incautaciones en la lucha contra el crimen organizado. La Fiscalía, por ahora, no ha emitido una declaración sobre las explicaciones del empresario.