En Colombia, las deudas impagas no conducen a prisión, pero pueden tener consecuencias significativas para los deudores. Según Jessi Santodomingo, creadora de contenido en TikTok, que respondió a la consulta de un seguidor sobre un préstamo de $90 millones, el acreedor podría eventualmente demandar al deudor si este no cumple con sus obligaciones financieras. Sin embargo, si el deudor no dejó bienes en el país, la deuda podría volverse irrecuperable, ya que no habría activos para cobrar.
La situación se complica si el deudor ha salido del país, como en el caso mencionado por el seguidor de Santodomingo, quien afirmó que su conocido podría estar en una cárcel en Rusia. En tales circunstancias, el acreedor podría vender la deuda a una entidad especializada en su gestión, lo que podría dificultar aún más el cobro.
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Santodomingo explicó que el destino de la deuda dependerá de las acciones futuras del deudor, especialmente si decide regresar a Colombia. En caso de que el deudor quiera adquirir bienes en el país en el futuro, el acreedor podría intentar recuperar el dinero. “Eventualmente, el acreedor va a poder perseguirlo”, señaló la influenciadora, sugiriendo que lo mejor sería evaluar las opciones legales y planificar cuidadosamente los pasos a seguir.
Aunque no pagar una deuda no lleva a prisión en Colombia, sí puede afectar la calificación crediticia del deudor. Esto podría dificultar la obtención de créditos a buenas tasas en el futuro, ya que las entidades financieras suelen considerar el historial crediticio al evaluar nuevas solicitudes de préstamo.
Por otro lado, el incumplimiento en el pago de préstamos puede generar gastos adicionales, como el aumento de los intereses. Estos intereses de mora son el costo que se cobra al deudor por no cumplir con su obligación financiera a tiempo, lo que incrementa la cantidad total adeudada.
Para evitar que los colombianos huyan del país y no paguen sus créditos o deudas pendientes por miedo a quedar registrados Datacrédit,o en el Congreso de la República cursa la ley ‘borrón y cuenta nueva 2.0′, una iniciativa que busca eliminar los reportes negativos en las centrales de riesgo para aquellos que salden sus deudas.
Con la medida buscan aumentar el acceso a financiamiento y las oportunidades de adquisición de vivienda o la puesta en marcha de un emprendimiento, puesto que además de influir en las centrales de riegos también tiene repercusiones en el puntaje crediticio, resultando en tasas de interés más altas en préstamos y créditos.
De aprobarse, esta ley podría representar un alivio significativo para muchas personas, abriendo nuevas oportunidades para acceder a préstamos y créditos. Además, permitiría a los ciudadanos reorganizar sus finanzas y avanzar hacia un futuro financiero más sólido.
La nueva propuesta extiende los beneficios de la primera edición, ofreciendo oportunidades adicionales para aquellos con deudas impagas. Según la información disponible, los interesados deben cumplir ciertos requisitos, entre ellos haber alcanzado un acuerdo de pago con la institución financiera correspondiente y que haya pasado un periodo mayor a dos años desde el primer incumplimiento de la deuda.
Uno de los aspectos clave de esta legislación es el límite de la obligación financiera, que no debe exceder los 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, aproximadamente $22 millones colombianos. Este tope permite que la ley beneficie a un sector amplio de la población con deudas moderadas.
El período de vigencia extendido y los requisitos específicos tienen como objetivo facilitar que un mayor número de personas pueda regularizar su situación crediticia. La aprobación de esta ley podría impulsar considerablemente la economía y mejorar el acceso a crédito para aquellos que han tenido dificultades financieras en el pasado.
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