En medio del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la senadora Liliana Bittar presentó su renuncia a la Comisión de Crédito Público.
Según información reciente, Bittar confirmó su salida tras comparecer ante la Corte Suprema de Justicia, donde fue interrogada durante más de cuatro horas por el magistrado Misael Rodríguez.
Este caso ha implicado a varios congresistas, quienes están siendo investigados por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con la aprobación de iniciativas del Ministerio de Hacienda.
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La renuncia de Bittar se suma a las de Karen Manrique y Wadith Manzur, quienes también dejaron sus cargos en la comisión.
Manzur, representante del Partido Conservador, explicó que su decisión busca no interferir en el proceso judicial en curso. Durante la indagatoria, tanto Manrique como Manzur optaron por guardar silencio y solicitaron la práctica de nuevas pruebas, mientras que Bittar decidió declarar ante el magistrado.
El escándalo en la Ungrd ha generado un ambiente de incertidumbre política, y las renuncias en la Comisión de Crédito Público reflejan la magnitud del impacto.
Según fuentes del proceso, Bittar habría presentado su renuncia en julio, coincidiendo con movimientos políticos significativos. En su declaración, Bittar afirmó: “Yo no hago parte de la comisión”, confirmando así su desvinculación de la entidad donde se aprobaron varias iniciativas cuestionadas.
Este caso, que se desarrolla en la Corte Suprema, ha captado la atención pública debido a las implicaciones políticas y legales que conlleva. La investigación busca esclarecer las responsabilidades de los implicados y determinar el alcance de las irregularidades en la gestión de recursos públicos.
La renuncia de Bittar, junto con las de Manrique y Manzur, marca un punto crítico en el proceso, subrayando la presión que enfrentan los funcionarios públicos en medio de acusaciones de corrupción.
Los congresistas vinculados al escándalo de corrupción de la Ungrd
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción que ha salpicado a varios congresistas de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en Colombia, es de recordar que este caso comenzó por los sobrecostos encontrados en varios carrotanques que estaban destinados a llevar agua a La Guajira.
La investigación, que sigue en curso, busca esclarecer las acusaciones de que estos legisladores habrían recibido beneficios personales a cambio de emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito público.
Entre los implicados se encuentra la ya mencionada Liliana Bittar, senadora del Partido Conservador, quien renunció a su puesto en la comisión tras ser mencionada en el caso. Se le acusa de haber participado en discusiones sobre propuestas del Ministerio de Hacienda y de recibir beneficios a cambio de su voto. Karen Manrique, otra congresista, pero en este caso del Pacto Histórico, también está bajo investigación después de que su oficina fuera allanada por la Corte Suprema. Se sospecha que Manrique facilitó la aprobación de operaciones de crédito público a cambio de beneficios personales, desviando recursos públicos mediante contratos fraudulentos.
Wadith Manzur, representante conservador, también renunció a la comisión. Las acusaciones en su contra señalan que solicitó favores y beneficios en el Ministerio de Hacienda a cambio de su voto para aprobar cupos de crédito necesarios para el estado colombiano. Juan Pablo Gallo, otro congresista investigado, es acusado de aceptar emitir conceptos sobre operaciones de crédito público a cambio de dádivas que se concretarían en contratos con la Ungrd.
El caso también involucra a Julián Peinado, que habría solicitado beneficios a cambio de su voto en la comisión, y a Juan Diego Muñoz, excongresista investigado por presuntas irregularidades en la contratación de la Unidad. Estos congresistas son investigados por haber aceptado emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda a cambio de beneficios personales y proyectos que se tramitarían en la Ungrd.
La investigación continúa y se espera que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes. Este caso ha puesto en el foco la integridad de las instituciones y la necesidad de transparencia en la gestión pública.
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