En su cuenta de X el exministro Alejandro Gaviria se pronunció sobre “el escándalo de la semana”, que tiene como protagonista a Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, cuya exasesora María Alejandra Benavides lo dejó muy mal parado con recientes declaraciones que fueron publicadas por Noticias Caracol.
Gaviria señaló que, si bien esta polémica involucra específicamente a algunas personas, es un problema estructural lo que facilita la corrupción en la estructura del Estado.
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Inició escribiendo que ciertas figuras burocráticas deben ser suprimidas. Señaló que facilitan el clientelismo y la compra de aprobaciones parlamentarias.
“Hay que eliminar la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Solo cumple una función, la función extorsiva por parte de congresistas. La lucha contra la corrupción pasa también por corregir estas fallas institucionales. Petro nunca buscó acuerdos programáticos con los partidos. El clientelismo no lo inventó este gobierno. Pero sí lo toleró y lo vio crecer: era la única forma de mantener la contradicción absurda de partidos de gobierno que hacen oposición programática y respaldan simultáneamente muchas iniciativas”, escribió.
Además, se mostró desconfiado con lo que considera un entramado subyacente para aprobar las reformas propuestas por la administración Petro, entre ellas la reforma a la salud, tan criticada por el mismo Gaviria, que cuestionó todos los planteamientos de la exministra Carolina Corcho y a quien el propio Petro ha señalado como un “error” dentro de su Gobierno.
“La corrupción de la UNGRD va más allá de Olmedo y Pinilla. Estos fueron instrumentos de una estrategia general para comprar el apoyo de congresistas. Lo peor de todo: aparentemente (los indicios son claros) la reforma a la salud, entre otras, está siendo aprobada en la Cámara de Representantes con las mismas tácticas: contratos por votos. Ojalá este nuevo escándalo sirva de escarmiento”, añadió.
Defensa de Ricardo Bonilla y su solicitud para aclarar versiones
En la opinión pública nacional se ha desatado una polémica tras publicadas las declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro Ricardo Bonilla, que lo señala de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Esto no solo lo habría salpicado a él, sino a otras personas cercanas al Gobierno.
Por tal motivo, Bonilla parece querer limpiar su nombre y disipar toda nube de duda que sobre él se halle ante la opinión pública, habida cuenta de que si quiere que la tributaria prospere necesita estar bien parado.
La defensa del ministro, a cargo del abogado Mauricio Pava, solicitó una reunión con la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para evaluar el estado actual de la investigación. Según Pava, este encuentro es crucial para analizar integralmente los elementos del proceso, especialmente tras la filtración de las declaraciones de Benavides, reveladas por Noticias Caracol.
El abogado enfatizó que estas declaraciones contradicen pruebas previamente presentadas por la defensa ante el Tribunal Superior de Bogotá, las cuales, según afirma, cuentan con el aval tanto del tribunal como de la Corte Suprema de Justicia. Pava subrayó que esta situación no solo pone en riesgo la percepción pública sobre el caso, sino que podría alterar el curso del proceso judicial.
Benavides declaró ante la Fiscalía que Bonilla tenía conocimiento de prácticas irregulares en la adjudicación de contratos en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), que suman un total de 92.000 millones de pesos. Según su testimonio, “todo, absolutamente todo, necesitaba autorización” del ministro, insinuando que Bonilla habría permitido que a cambio de ciertos beneficios en la aprobación de recursos en el Congreso, se otorgaran contratos específicos.
Además, la exasesora afirmó que el ministro la habría utilizado para ejecutar estas acciones y que su posición como jefe de la cartera de Hacienda fue instrumental en dichas presuntas irregularidades. Estas declaraciones refuerzan las sospechas en torno a posibles vínculos del ministro con hechos de corrupción en la Ungrd, un organismo clave en la atención de desastres y emergencias en el país.
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