En la tarde del lunes 25 de noviembre de 2024, el secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Miguel Silva Moyano, advirtió a través de su cuenta en la red social X sobre la inminente llegada de aproximadamente 2.000 personas de la comunidad embera a la capital.
Según Silva, el grupo viajaría en más de 40 buses y su arribo estaría programado para la medianoche, por lo que ante esta situación, el funcionario hizo un llamado al Gobierno Nacional para asumir su responsabilidad en la atención a esta población vulnerable y evitar que se repitan ocupaciones como las registradas en el Parque Nacional y otras zonas de la ciudad.
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“Tenemos información de que vienen para Bogotá alrededor de 2.000 personas de la comunidad Emberá en más de 40 buses. Ocupaciones como la que se presentó en el Parque Nacional o las que aún persisten en las UPI de La Florida y La Rioja no deben volver a presentarse (sic)”, expresó Silva, además, subrayó que en Bogotá ya residen más de 1.700 integrantes de esta comunidad en espera de soluciones definitivas por parte del Gobierno Nacional.
“Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional para que atienda la situación y asuma la responsabilidad de la atención a estas personas. Esto se suma a las más de 1700 personas de esta comunidad que llevan varios años en Bogotá, esperando una acción del Gobierno Nacional”.
Por otra parte, el concejal Daniel Briceño también se pronunció en X, por lo que hizo un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán a tomar medidas preventivas para evitar nuevas ocupaciones.
Briceño reiteró que el Gobierno nacional debe garantizar atención y condiciones adecuadas para esta población: “Le pedimos al alcalde @CarlosFGalan tomar las acciones pertinentes para evitar que se repita la historia en el Parque Nacional. El Gobierno Nacional debe brindarles toda la atención y garantías”.
Un antecedente complejo: el retorno de los embera
El proceso de retorno, reubicación e integración de la comunidad embera que ocupó el parque Nacional durante meses fue uno de los desafíos más significativos para la Administración distrital en el segundo semestre de 2024.
En septiembre, 844 personas fueron trasladadas a sus territorios de origen en Risaralda y Chocó, mientras otras 170 fueron reubicadas o integradas en Bogotá.
Este esfuerzo implicó la coordinación de múltiples entidades, incluidas la Secretaría de Salud, la Consejería de Paz y la Unidad para las Víctimas.
Sin embargo, el proceso no estuvo exento de críticas, pues Gerardo Jumi Tapias, representante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), denunció que las zonas de destino carecían de infraestructura básica, como vivienda, vías de acceso, instituciones educativas y recursos productivos para garantizar condiciones dignas de vida.
“A las zonas y resguardos a donde fueron enviados los Emberá no se cuentan con las condiciones suficientes para vivir. Eso es lo que tienen que garantizar”.
La Administración distrital defendió sus acciones, destacando el acompañamiento integral en salud, bancarización y transferencias monetarias a las familias retornadas.
Estas ayudas, coordinadas con entidades como BanAgrario, buscaban garantizar la seguridad alimentaria mediante giros condicionados al retorno y permanencia en sus territorios.
Una situación humanitaria sin resolver
Pese a los esfuerzos locales, la llegada de 2.000 nuevos integrantes de la comunidad embera evidencia las dificultades para abordar la crisis humanitaria de manera integral.
Los desplazamientos forzados de esta población, afectados por el conflicto armado y la violencia en sus territorios, reflejan las limitaciones del Estado para garantizar su protección y derechos.
La situación plantea interrogantes sobre las capacidades de Bogotá para responder a la llegada masiva de personas, más aún cuando las ocupaciones previas generaron tensiones en la ciudad, por lo que el concejal Briceño solicitó a la administración de Galán conciliar las demandas sociales con los desafíos logísticos y financieros que implica la atención a esta población.
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