Formularon cargos contra el exgobernador del Chocó por irregularidades en obra vial: nueve años después apenas lleva 32 % de avance

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Chocó Ariel Palacios Calderón, quien estuvo al frente de la administración departamental entre 2020 y 2023.

El organismo de control lo señaló por presuntas irregularidades en la gestión de un proyecto de rehabilitación vial en el tramo Riosucio-Belén de Bajirá, financiado con recursos de regalías por un valor de $13.192 millones.

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El proyecto, aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) Pacífico en enero de 2015, tenía como objetivo intervenir cuatro kilómetros de vía para mejorar el pavimento, el sistema de drenajes y el alcantarillado.

Sin embargo, tras nueve años, la obra presenta un avance físico de apenas 32,5 % y financiero de 36 %, un retraso que ha generado cuestionamientos por parte del Ministerio Público.

De acuerdo con la investigación, las obras enfrentaron cinco suspensiones justificadas en condiciones climáticas adversas y bloqueos por parte de comunidades indígenas de la zona. Estas dificultades llevaron al Departamento Nacional de Planeación (DNP) a suscribir un plan de mejoramiento con la Gobernación del Chocó, cuyo cumplimiento sería necesario para desbloquear los recursos restantes y finalizar el proyecto.

En 2021, durante la administración de Palacios Calderón, el exgobernador solicitó al DNP que se levantara la suspensión de los giros argumentando que las acciones correctivas se habían completado.

Sin embargo, la Procuraduría determinó que aún faltaban dos de las seis actividades pactadas en el plan de mejora, lo que llevó al DNP a liberar los $8.391 millones restantes para ser reasignados a otros proyectos del Sistema General de Regalías, como lo establece la ley.

La Procuraduría calificó provisionalmente la falta de Palacios Calderón como grave, a título de culpa grave, por omitir las gestiones necesarias para cumplir con el plan de mejoramiento, lo que derivó en el incumplimiento del objeto del contrato y el consecuente abandono de una obra crucial para la región.

Este proceso no solo pone en entredicho la gestión de los recursos públicos en Chocó, sino que también evidencia la falta de eficacia en la administración de proyectos de infraestructura en zonas históricamente rezagadas, como el Pacífico colombiano. La responsabilidad que recae sobre Palacios Calderón podría tener implicaciones legales y administrativas significativas, además de reabrir debates sobre la eficiencia y transparencia en el uso de las regalías.

Procuraduría tras presuntos sobrecostos en compra de telas para uniformes de la Policía Nacional

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el coronel (r) José Ignacio Vásquez Ramírez, quien se desempeñaba como director general del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, por presuntas irregularidades en un contrato de $30 mil millones para la adquisición de telas destinadas a la confección de uniformes de la institución.

El contrato, firmado en 2020 tras un proceso de licitación pública, buscaba el suministro de materiales para la elaboración de productos en la fábrica de confecciones de este proveedor logístico. Sin embargo, la Segunda Delegada para la Contratación Estatal detectó posibles inconsistencias en la contratación, relacionadas con sobrecostos y la modalidad de selección utilizada.

De acuerdo con las primeras indagaciones, al momento de suscribir el contrato, Vásquez Ramírez habría omitido analizar adecuadamente las condiciones del mercado, lo que podría haber llevado a un incremento injustificado en el valor de la adquisición. Además, se investiga si la modalidad de licitación pública fue la más adecuada para garantizar un precio competitivo, teniendo en cuenta que los bienes adquiridos eran de uso común y características técnicas específicas.

Como parte de las pruebas, la Procuraduría solicitó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales un dictamen pericial para determinar si los costos del contrato estuvieron inflados en comparación con los precios de mercado. Asimismo, se pidió información detallada sobre los criterios que justificaron el uso de una licitación pública en lugar de otras modalidades que pudieran haber reducido el costo final.