Procurador llegó a acuerdo con alcalde de Bogotá para renovar la solicitud ambiental de ampliación de la autopista Norte

El domingo 17 de noviembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación publicó un boletín informativo (1323 de 2024) en el que se convocó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a rendir cuentas por la ampliación de la autopista Norte, construcción que no se ha llevado a cabo por diferentes inconvenientes, entre otros, el rechazo de la solicitud de licencia ambiental para llevar a cabo la ejecución del proyecto.

Es importante mencionar que, además del alcalde Galán, también asistieeron representantes de autoridades como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y el gerente de la ruta Bogotá Norte, Juan Manuel Mariño. En esta declaratoria se esperaba, según la Procuraduría, que se “expliquen los avances y planes que se tienen no solo para prevenir sucesos como el ocurrido, sino para la modernización del tramo vial”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Estos directivos y el mandatario entregaron sus versiones por el retraso de la ampliación. En el comunicado se lee que el procurador Gustavo Guerrero considera injusto que los “usuarios de la troncal tengan que padecer diariamente problemas de movilidad y enormes trancones para salir o ingresar a la ciudad, por lo que se hace obligatorio una intervención inmediata por parte de las autoridades competentes”.

La anterior declaración se registró luego de que la autopista sufriera inundaciones a causa del desbordamiento de humedal Torca-Guaymaral, lugar que atraviesa la vía, por las intensas lluvias que azotan al país desde inicios de noviembre.

Luego de que Francisco Ospina Ramírez, en representación de la ANI, Rodrigo Negrete, en representación de Anla, Mariño y Galán, expusieron sus argumentos, el propio procurador salió a dar su parte de conclusiones a los medios de comunicación.

Guerrero comentó que “esperamos de acuerdo al compromiso que se ha asumido una radicación de una nueva solicitud de licencia ambiental para fines de este año (2024)”, lo que dejó en claro que tanto los directivos de las entidades mencionadas, como el alcalde, se comprometieron, en primera instancia a sacar adelante la concesión ambiental requerida para la ampliación entre las calles 191 y 245.

“¿Esto a qué nos lleva?”, continúo el procurador, “a que probablemente en el mejor de los escenarios, y con la intervención de la Procuraduría General de la Nación en el trámite, estemos hablando de una licencia ambiental, si todo va bien, pues obtenidas a mediados del próximo año, aproximadamente, y una obra que empezaría el próximo año y que se estaría concluyendo para el año 2029″.

Por esta razón, y según la proyección de Guerrero, las obras de ampliación iniciarían hacia mayo de 2025 y se entregarían a finales de 2029. Además, el procurador aseguró que solicitó al alcalde, al gerente del concesionario y a los directivos de la ANI y Anla, presentar avances en los ciclos del cronograma con el fin de cumplir los compromisos de la construcción.

Lo anterior, lo hizo con el fin de “ir valorando cómo se va cumpliendo con los compromisos para dar una solución definitiva a los habitantes de la región central”.

Por su parte, Juan Manuel Mariño ya había confirmado a La República que el proyecto costará $1,8 billones entre la inversión de la obra y la operación, además del mantenimiento que se hará durante 29 años. Él ya había asegurado que las obras se iniciarían a mediados de 2025 y que esta ampliación comenzaría a llevarse a cabo por la calzada oriental (salida de Bogotá hacia Chía), donde se buscará tener el flujo vehicular, mientras se continúa la obra por la calzada occidental (entrada a Bogotá por el norte).