La Fiscalía General de la Nación confirmó el lunes 18 de noviembre de 2024 que concretó un preacuerdo con el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo López, por su participación en el megacaso de corrupción al interior de la entidad; que quedó al descubierto a raíz de los sobrecostos en la adquisición de carrotanques para el suministro de agua en La Guajira, y en la que habrían participado altos funcionarios del Gobierno.
Según se conoció, el exdirectivo de la unidad aceptó la comisión de dos delitos: peculado por apropiación y concierto para delinquir, por lo que cumplirá una pena de 85,4 meses (siete años y un mes) de prisión, además de devolver cerca de $724 millones obtenidos por su presencia en el entramado que repartió millonarias sumas; producto de proyectos que debían viabilizarse en las regiones, como él mismo lo confesó, pero al parecer fueron usados para intereses particulares.
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Olmedo López y los alcances de su preacuerdo con la Fiscalía
El compromiso establecido por López, que ya firmó el documento con el que selló esta negociación, también incluye el pago de una multa de 3.000 salarios mínimos y la intención de ser testigo de excepción contra varios congresistas y miembros y exmiembros del Ejecutivo que están involucrados en esta red. La lista de presuntos implicados en estas conductas criminales es, por sí, extensa, y en la misma sobresalen, entre otros, el hoy ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Para tal fin, López tendrá que entregar nuevas pruebas que permitan seguir desenredando el entramado que se gestó en la Ungrd, y de la que también hizo parte su exsubdirector del manejo del riesgo Sneyder Pinilla: que por su cuenta también negocia la posibilidad de recibir beneficios por parte del ente acusador. Este trato, como suele ocurrir en estos casos, tendrá que ser validado por un juez de la República, que determinará si fue establecido en el marco legal o no.
El exdirector de la entidad encargada de las situaciones de emergencia en el territorio nacional, llegó al cargo nombrado por el jefe de Estado en mayo de 2023, apoyado en una trayectoria de tres décadas cercana a los movimientos progresistas, pues incluso fue candidato al Senado en las elecciones del 2018, como integrante de la lista de Decentes. Pero a finales de febrero de 2024 y luego de que estalló el escándalo de La Guajira, por $46.800 millones, presentó su renuncia.
Las millonarias comisiones repartidas por el contrato de La Guajira
Es válido recordar que con la fiscal María Cristina Patiño, tanto López como Pinilla acordaron con el contratista Luis Eduardo López, alias El Pastuso, el 14% del valor del contrato para la compra de los referidos vehículos. El costo de los carrotanques era de $37.764 millones; por lo que el sobrecosto, según estableció el ente, fue de $14.163 millones, que habrían sido repartidos en una serie de personajes, entre ellos los hoy expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle.
En este sentido, la funcionaria judicial recalcó que Rosero, entregó, por pago de coimas pactadas un total de 6.342 millones que fueron distribuidos así: $1.000 millones para el señor Pedro Rodríguez, que oficia como exasesor de Olmedo López, y $5.342 millones a Pinilla, que del mismo modo se encargó de la adjudicación de la orden que permitió la compra de los vehículos a Impoamericana Roger SAS, involucrada en todo este escándalo de corrupción.
Este último monto ($5.342 millones) fue repartido de la siguiente manera:
- Iván Name (expresidente del Congreso): $3.000 millones
- Andrés Calle Aguas (expresidente de la Cámara): $1.000 millones
- Olmedo López (exdirector de la Ungrd): $742 millones
- Sneyder Pinilla (ex subdirector del manejo del riesgo): $342 millones
- Comisión: $276 millones
En consecuencia y, a juzgar por esta información, López devolverá $18 millones menos de los que obtuvo en este negocio, que hace parte de los múltiples procesos contractuales que se adelantaron bajo su gestión y que incluirían, según lo confirmó el exfuncionario, el redireccionamiento de contratos para favorecer a congresistas; a cambio de que apoyaran los proyectos que cursan en el Congreso de la República y que son promovidos por el Gobierno.
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