En un operativo conjunto, unidades del Gaula de la Policía y el Ejército llevaron a cabo diligencias de allanamiento y registro en el municipio de Tacamochito, ubicado en la jurisdicción de Córdoba, en el departamento de Bolívar. Estas acciones permitieron la captura de tres presuntos miembros del Clan del Golfo, entre ellos una mujer, quienes operaban bajo los alias de Víctor, Alfa y La Doña. Se cree que los detenidos pertenecen a la subestructura Nicolás Urango Reyes, una organización criminal que obtiene ingresos ilícitos por el orden de los 100 millones de pesos mensuales.
Tras las capturas, un juez de la República en funciones de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y ordenó imponer a los tres capturados una medida de aseguramiento de detención preventiva en un establecimiento carcelario. La Fiscalía argumentó que esta decisión no solo restringiría la libertad de los detenidos, también frenaría temporalmente las actividades delictivas de esta estructura del Clan del Golfo, la cual ejercía una influencia significativa sobre la seguridad y economía locales.
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Alias Víctor, considerado el líder de esta estructura criminal en el municipio de El Carmen de Bolívar, acumulaba aproximadamente seis años dentro del Clan del Golfo, tiempo en el que se encargó de administrar las operaciones ilegales en la región. Según las autoridades, “este sujeto además era el responsable de las rentas criminales de esta subestructura, producto de la extorsión y el narcotráfico por más de 100 millones de pesos mensuales, y coordinaba la adquisición y transporte de material de guerra para el Clan del Golfo en Los Montes de María”, lo que evidencia su papel central en la organización.
Además de alias Víctor, otros integrantes desempeñaban funciones específicas dentro de la estructura. Alias Alfa, su escolta personal, se encargaba de su seguridad y protección, asegurando que “Víctor” pudiera llevar a cabo sus actividades ilícitas sin contratiempos. Alias La Doña, por su parte, se ocupaba de esconder el armamento de la organización y de suministrar alimentos y otros elementos esenciales a los miembros de la banda, lo que facilitaba su movilidad y operatividad en la región.
Durante los allanamientos realizados, las fuerzas de seguridad lograron incautar un arsenal que incluía 75 cartuchos calibre 7.62, 18 cartuchos de 38mm, 40 cartuchos de 9mm, y armas como un subfusil MDL PAP M92PV calibre 7.62 x 39MM de fabricación serbia, una pistola, un revólver, y una escopeta. También encontraron tres proveedores, un chaleco multipropósito pixelado y cuatro teléfonos celulares, materiales que se encontraban en poder de la organización y que formaban parte de sus operaciones en la región de Los Montes de María.
Posible colaboración de miembros de la fuerza pública con el Clan del Golfo
La Fiscalía General de la Nación descubrió un presunto acuerdo ilícito entre algunos miembros de la fuerza pública y el Clan del Golfo en el departamento del Chocó. Este pacto habría tenido como objetivo debilitar a la guerrilla del ELN, mientras que la población civil local era la que más sufría las consecuencias de la violencia generada por ambos grupos.
Según la investigación, la organización criminal dirigida por los sucesores de alias Otoniel contó con la colaboración de dos infantes de la Armada y un exmilitar, conocido en los documentos judiciales como alias RR. Estos uniformados desempeñaron roles clave como informantes y facilitadores de armas para el Clan del Golfo. Se estableció que los dos infantes recibieron pagos mensuales que llegaron a los tres millones de pesos a cambio de proveer información crucial que permitiera a los cabecillas del Clan evadir las operaciones militares, además de adquirir armamento como pistolas, municiones y otros materiales bélicos.
Alias RR, el exmilitar, fue el que más dinero recibió de esta alianza. Aparentemente, cada mes, el grupo armado le pagaba diez millones de pesos debido a la precisión y confiabilidad de los datos que proporcionaba. Estos informes ayudaron en repetidas ocasiones al Clan del Golfo a escapar de las persecuciones de las fuerzas del orden, lo que les permitió continuar con sus actividades delictivas.
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