Petro se fue con toda en contra Francisco Barbosa por supuesta participación en Pegasus: “La justicia debe procesar a quienes lo permitieron”

El embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña se refirió a la compra del programa de espionaje de origen israelí Pegasus, luego de que se confirmara que Estados Unidos fue el encargado de otorgar el dinero necesario para la adquisición de este software, desarrollado por NSO Group.

“Fueron recursos norteamericanos utilizados para la adquisición del software, de Pegasus, que efectivamente se hicieron en las fechas que se han reportado en los medios. Estaba dirigido exclusivamente para la lucha contra el narcotráfico y los carteles de Colombia y México. Así nos lo afirmaron”, explicó.

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Frente a los argumentos de García Peña, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que la adquisición del software de espionaje es un asunto de soberanía, puesto que se realizó sin la aprobación del expresidente Iván Duque.

Las declaraciones del embajador de Colombia en EE. UU. generaron diversas reacciones, entre ellas la de la fiscal Angélica Monsalve, que aseguró que el exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa y la vicefiscal Martha Mancera fueron los responsables de la compra y uso de Pegasus durante todo 2021.

“Mi versión ante la Fiscalía General de la Nación cobra más vida. Barbosa y Mancera sabían y lo permitieron”, escribió en su cuenta de X.

A su vez, dijo que de ser cierto que Pegasus fue usado en Colombia por personal de Estados Unidos, para investigar casos de narcotráfico, “vale preguntarse entonces cuál fue la participación de la fiscalía de Barbosa y Mancera en estas interceptaciones, porque si fueron legales, al menos deberían existir indagaciones, autorizaciones de interceptaciones por jueces y hasta control posterior de las mismas”.

Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo que solo se considera legal el uso del programa de espionaje israelí si la orden fue dada por la justicia.

“Solo es legal el uso de Pegasus en Colombia si las interceptaciones a teléfonos fueron ordenadas por la justicia colombiana”, señaló.

En ese sentido, mencionó que para determinar el uso de la herramienta contra el narcotráfico, la justicia colombiana tendrá que investigar los hechos y determinar si hubo irregularidad con respecto a su aplicación en el territorio nacional.

“Corresponde a la rama judicial decirnos si esas órdenes se dieron, sino, la Justicia debe procesar a quienes lo permitieron”, sostuvo.

En paralelo, dijo que la adquisición del software de espionaje es un asunto de soberanía, puesto que se realizó sin la aprobación del expresidente Iván Duque.

“Nuestra soberanía no es solo ondear nuestra bandera, es que las principales decisiones que se toman en Colombia lo hagan los colombianos. Si la toman otro tipo de personas, quienes quieren que sean, entonces hemos perdido soberanía”, mencionó en el acto de conmemoración de los 105 años de la Fuerza Aérea Colombiana.

Desde su posición, la manera de actuar de los responsables de la compra de Pegasus va en contra de lo establecido en la Constitución Política de 1991, que no permite que se tomen decisiones a las espaldas de los jefes de Estado.

“No es lo mismo tener un software para cazar mafiosos que hacerlo sin orden judicial. A menos de que la Constitución del 1991 no sirva para nada. A menos de que nuestra democracia se haya debilitado”, resaltó.

Luego de las declaraciones del gobernante de los colombianos, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, fuera convocada a la Casa de Nariño, como parte de los acuerdos de cooperación judicial entre ambos países.

Camargo asistió a la reunión, donde se le entregó información clave sobre el caso que ya había sido incorporada al expediente que la Fiscalía General había abierto tras las denuncias de interceptaciones ilegales.

La fiscal Camargo, según fuentes consultadas por El Tiempo, tomó nota de los detalles sobre el uso de Pegasus, que se habían transmitido previamente al Gobierno de Gustavo Petro. En ese encuentro, se le explicó que el software se había adquirido con fondos completamente legales y que su objetivo exclusivo fue la lucha contra el narcotráfico, sin involucrar espionaje a figuras políticas colombianas.