En medio de la lucha contra la extorsión, uno de los delitos de alto impacto que más aqueja a los colombianos, las autoridades capturaron a cuatro personas en Medellín (Antioquia) que estarían involucradas en varios casos de extorsión; integran el grupo delincuencial autodenominado Los Perturbadores. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las actividades ilegales se planeaban desde el patio tres de la cárcel de alta y mediana seguridad Doña Juana, ubicada en La Dorada (Caldas).
Los cuatro ciudadanos detenidos y posteriormente judicializados fueron identificados como Viky Yolanda Zapata Ortega, Laidy Johana Gaviria Sánchez, Jaider Gómez Cardona y Kely Johana Pérez. Las dos primeras mujeres son las parejas sentimentales de dos hombres que están privados de la libertad en Doña Juana. Se trata de Faber Alberto Bonilla Prada, alias Beto, y Jhon Fredy Jaramillo Valdez, alias Fredy.
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El ente acusador determinó que, presuntamente, las cuatro personas capturadas exigían el pago de entre $3 millones y $50 millones a comerciantes, docentes y ganaderos de Caldas y de otras ciudades. Hasta el momento, las autoridades han contabilizado 410 víctimas de Los Perturbadores. Las amenazas a los ciudadanos y las exigencias de dinero se hacían desde la cárcel Doña Juana, donde fueron hallados 102 celulares. Alias Fredy y alias Beto habrían sido los encargados de coordinar esas llamadas extorsivas.
Así operaban Los Perturbadores: estudiaban los perfiles de sus víctimas
A través de los teléfonos buscaban a las personas a las que posteriormente contactarían, haciéndose pasar por servidores públicos. Según la Fiscalía, los integrantes de la organización criminal hacían un estudio cuidadoso de las víctimas, verificando sus publicaciones en redes sociales.
“Estudiaban sus perfiles en redes sociales y extraían información, para luego contactarlos como si se tratara de funcionarios de entidades públicas relacionadas con el agro. A nombre de estas les ofrecían supuestas ayudas y beneficios. Esto les permitía acceder a datos que de manera ingenua suministraban los ciudadanos”, detalló el ente investigador en un boletín informativo.
Con los datos que las personas suministraban, volvían a ponerse en contacto asegurando que hacían parte de organizaciones criminales y exigiendo millonarias sumas de dinero para evitar que tanto ellos como sus allegados fueran asesinados. Las víctimas se vieron obligadas a pagar por medio de plataformas digitales.
Los cuatro capturados se encargaban de hacer el recaudo de los recursos de los ciudadanos. De esta manera, lograron incrementar su patrimonio de manera injustificada. Una de las procesadas, por ejemplo, llegó a tener casi $200 millones en su poder como resultado de las extorsiones.
“Vimos las cuentas bancarias y una vez analizados los extractos se vio que la señora Zapata obtuvo ingresos en nueve meses (entre 2022 y 2023) por 197 millones de pesos, algo anómalo cuando dijo que era empleada con ingresos de 737.000 pesos mensuales y vivía en una vereda. Posteriormente, se estaría “blanqueando este dinero” según las mismas palabras usadas por los privados de la libertad”, explicó la fiscal del caso, citada por El Tiempo.
Por estos hechos, los señalados extorsionistas fueron imputados con cargos por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y enriquecimiento ilícito, ambas conductas agravadas. Dos de ellos, Zapata Ortega y Gaviria Sánchez, fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Gómez Cardona y Pérez quedaron en libertad, pero siguen vinculados al proceso penal.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, para denunciar casos de extorsión ante las autoridades está disponible la línea 165 del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Gaula, que posteriormente trasladará la denuncia a un fiscal delegado con el que la víctima deberá ampliar la información de los hechos.
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