Procuraduría confirmó destitución e inhabilidad de Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI

Luis Fernando Andrade Moreno, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), fue destituido e inhabilitado por 15 años por la Procuraduría General de la Nación, tras comprobarse que Andrade habría favorecido a terceros en la adjudicación de contratos relacionados con el proyecto vial Ruta del Sol III, específicamente en la construcción de un puente en la vía a Plato, Magdalena.

De acuerdo con la investigación que realizó el Ministerio Público, Andrade presuntamente se interesó indebidamente en la suscripción de otrosíes al Contrato de Concesión No. 007 de 2010, celebrado entre la ANI y Yuma Concesionaria.

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Este contrato contemplaba la rehabilitación y mejoramiento de la vía que conecta San Roque, Ciénaga, Carmen de Bolívar y Valledupar, conocida como el sector 3 del proyecto vial.

De acuerdo con el comunicado de la ente investigador, Andrade facilitó la entrega de recursos destinados a los estudios y diseños de la fase 3 del segundo puente sobre el río Magdalena (del tramo Plato-Zambrano), por un valor de 5.788.240.106 pesos, a José Roberto Prieto Uribe. De esta suma, 650 millones de pesos habrían sido desviados para gestionar favorecimientos externos, según la Procuraduría.

La entidad de control también verificó que Andrade realizó acuerdos internos en la ANI para desviar recursos mediante la creación de subcuentas, inicialmente destinadas a la supervisión del área, pero que finalmente fueron utilizadas para beneficiar a terceros.

Esta acción fue calificada como una falta gravísima a título de dolo por la Procuraduría delegada disciplinaria de juzgamiento 2.

La sanción impuesta a Andrade es apelable ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación, lo que abre la posibilidad de que el exfuncionario busque revertir la decisión en instancias superiores.

La investigación contra Andrade seguía abierta

Con el contexto de el caso de corrupción Odebrecht, el 17 de octubre de 2024, la jueza 62 Penal del Circuito de Bogotá decidió mantener abierta la investigación contra Luis Fernando Andrade, a pesar de la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de cerrar el caso, con el argumento de la prohibición de doble incriminación.

Según informaron las autoridades, la jueza consideró que ni la Fiscalía ni la defensa de Andrade presentaron argumentos o pruebas nuevas que justificaran el cierre del proceso.

El caso, que se encuentra en la etapa de audiencias preparatorias para el juicio, vuelve a ser objeto de atención debido a su conexión con el escándalo de corrupción de Odebrecht. La jueza señaló que la solicitud de preclusión no era adecuada en este punto del proceso, y sugirió que si la Fiscalía desea retirar el escrito de acusación, debe hacerlo a través de un juez competente que evalúe la preclusión.

Jesús Albeiro Yepes, abogado defensor de Andrade, declaró a El Tiempo que la defensa está evaluando la situación antes de definir los próximos pasos a seguir. La fiscal Marcia Rodríguez había presentado una solicitud formal de preclusión el 22 de agosto, con base en el principio de doble incriminación, pero esta fue rechazada por la jueza.

Fiscalía acusó a exfuncionarios por corrupción en licitación de la Ruta del Sol II

En julio de 2024, la Fiscalía General de la Nación en Colombia decidió presentar cargos formales contra 16 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quienes están presuntamente involucrados en irregularidades relacionadas con la licitación del tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol II. Este caso está vinculado al conocido escándalo de corrupción de Odebrecht.

El juicio, programado para el 30 de julio de 2024, se centró en las acusaciones de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La investigación, liderada por el fiscal Gabriel Jaimes, reveló que los exfuncionarios habrían permitido a la concesionaria Ruta del Sol, controlada por Odebrecht, realizar modificaciones al contrato original mediante varios otrosíes.

Estas alteraciones, aprobadas de manera unilateral, aparentemente carecían de los estudios previos necesarios y de la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).

Entre los acusados se encuentran figuras destacadas, como Andrés Figueredo Serpa, Camilo Mendoza Rozo, María Clara Garrido, Beatriz Eugenia Morales Vélez, Héctor Jaime Pinilla Ortiz y Yasmina del Carmen Corrales, quienes desempeñaron roles clave en la ANI durante el proceso.

La lista de acusados también incluye a otros exfuncionarios como José Andrés Torres Rodríguez, Daniel Francisco Tenjo Suárez, David Leonardo Montaño García, Alexandra Lozano Vergara, Harbey José Carrascal, Francisco Javier Forero, Emerson Durán Varas, Cesar Augusto Peñaloza Pabón, Édgar Chacón Hartman y Miguel Ángel Bettin Jaraba.