Senadora del Pacto Histórico pidió retirar placa conmemorativa del expresidente Álvaro Uribe en el Congreso

La senadora Esmeralda Hernández ha presentado una acción de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para solicitar el retiro de una placa de reconocimiento al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el Congreso de la República.

Según Hernández, la instalación de esta placa, realizada en julio de 2019, representa una afrenta para las “víctimas” de los gobiernos de Uribe y fue colocada sin cumplir con los requisitos legales.

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La senadora argumenta que la Mesa Directiva del Senado, liderada en ese momento por Ernesto Macías, se extralimitó en sus funciones al otorgar este reconocimiento. Hernández sostiene que la decisión vulneró el debido proceso, ya que se realizó sin competencia, sin motivación adecuada y violando el principio de igualdad al establecer un privilegio injustificado.

Además, señala que la Ley Quinta de 1992, que regula el funcionamiento del Congreso, no autoriza este tipo de reconocimientos en el Capitolio Nacional, un bien de interés cultural de la Nación.

Hernández también menciona que el episodio contraviene el Decreto 2759 de 1997, que prohíbe colocar en oficinas públicas retratos o leyendas que puedan interpretarse como homenajes a funcionarios activos, como era el caso de Uribe, quien era senador en ese momento. La senadora enfatiza que la placa es un insulto para las víctimas de los llamados “falsos positivos”, las interceptaciones ilegales y otros escándalos de corrupción durante los gobiernos de Uribe.

La congresista, conocida por su trabajo en temas de lucha contra la corrupción y autora de la Ley NoMásOlé, espera que el tribunal acoja sus argumentos y ordene el retiro de la placa. Hernández concluye que, en lugar de homenajear a Uribe, el Congreso debería reconocer a las mujeres, madres cabeza de hogar, campesinos y líderes sociales que trabajan por el país.

Ante esta polémica noticia, la senadora Esmeralda Hernández dijo para Infobae Colombia que “Existió una resolución expedida sin cumplir absolutamente ningún proceso legislativo”, argumentando que la resolución no fue discutida ni aprobada en ninguna sesión plenaria, cuestionando así su legalidad.

“Es una afrenta contra las víctimas de los crímenes de los delitos de lesa humanidad cometidos durante los mandatos de Álvaro Uribe Vélez”. Además, destacó que la ley prohíbe explícitamente la colocación de placas en conmemoración de funcionarios activos, algo que se habría ignorado al instalar la placa mientras Uribe aún ejercía como senador.

Estas circunstancias han motivado la acción de nulidad, la cual busca que el tribunal tome medidas pertinentes para retirar dicho reconocimiento. La controversia se alimenta aún más debido a que, de permitirse, abriría un precedente para la proliferación de placas conmemorativas de políticos en el congreso, generando cuestionamientos sobre el uso del espacio público, en palabras de Hernández.

“... sin cumplir absolutamente ningún proceso, no fue aprobada ninguna plenaria, no cumple con los requisitos de ley para instalar una placa conmemorativa, segundo es una extralimitación de funciones porque no”, afirmó la senadora.

El reclamo no solo señala las lagunas jurídicas, sino también la falta de sensibilidad hacia las víctimas, proponiendo que, de haber reconocimientos, estos deberían estar dirigidos a las madres de los falsos positivos, los indígenas, los trabajadores y otras víctimas de crímenes del Estado.

“Lo que se necesita en el país es conmemorar a aquellos que han sufrido directamente los embates de la violencia, no a quienes aún tienen mucho que aclarar ante la justicia”.

En un entorno polarizado, la instalación de la placa y la eventual resolución del caso se han convertido en un termómetro de las tensiones políticas en Colombia, poniendo en relieve las discusiones más amplias sobre la memoria histórica y la justicia transicional en el país. “De haber una verificación adecuada, ni siquiera deberían considerar instalar esta placa”, explica la senadora para Infobae Colombia.

La decisión que tome el tribunal administrativo frente a esta solicitud tiene el potencial de sentar un precedente significativo. No solo influirá en cómo se maneja el reconocimiento a figuras públicas actuales en Colombia, sino también en las políticas de memoria pública respecto a aquellos que han tenido un papel controvertido en la historia reciente del país.