Nueve militares han sido detenidos en Colombia por su presunta participación en delitos de concierto para delinquir y posible tráfico de material en unidades militares, según informó la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones del Ejército Nacional. Las capturas se llevaron a cabo en los departamentos de Caquetá, La Guajira y en la ciudad de Bogotá.
El operativo, realizado en colaboración con la Fiscalía General de la Nación, resultó en la detención de cinco militares activos, entre ellos tres suboficiales y dos soldados profesionales, además de cuatro militares retirados. Estos individuos han sido puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.
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La Jefatura de Estado Mayor de Operaciones destacó que estas acciones son parte de las operaciones de contrainteligencia militar, que buscan mantener la transparencia y legitimidad institucional.
La institución reafirmó su política de cero tolerancia hacia la corrupción y su compromiso de apoyar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos.
El Ejército Nacional ha manifestado su disposición para colaborar con las autoridades en el inicio de las investigaciones pertinentes, tanto judiciales como administrativas y disciplinarias, dentro de la institución.
Además, condenó cualquier acto de corrupción que involucre a su personal, ya sea militar o civil, y reiteró su compromiso con los principios y valores institucionales.
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Otras capturas en el Ejército Nacional
En un caso reciente de corrupción en el Ejército Nacional de Colombia, un capitán fue arrestado en la Base Militar de Tolemaida, ubicada en el departamento de Cundinamarca.
Según la información proporcionada por las autoridades, el capitán Miller Frank González, quien era comandante de un batallón en dicha base, fue detenido por exigir pagos a sus subalternos a cambio de permisos para vacaciones y extensiones de descanso.
La Fiscalía Militar y Policial confirmó estos hechos a través de un comunicado oficial, indicando que la investigación se centra en delitos que afectan la administración pública.
El capitán González cobraba entre 100.000 y 200.000 pesos colombianos por cada permiso, dependiendo del rango del militar solicitante. Además, se le acusa de exigir pagos por suministrar materiales y elementos dentro de la base.
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Las investigaciones, que se han llevado a cabo desde Bogotá, han revelado un esquema organizado en el que algunas mujeres bajo el mando del capitán se encargaban de llevar la contabilidad de estos pagos, que se realizaban a través de aplicaciones como Nequi o Daviplata.
Este abuso de autoridad, que se remonta a febrero de 2024, ha llevado a que el capitán sea sometido a medida de aseguramiento y detención preventiva en un centro carcelario, según el juez 1709 de Control de Garantías.
A pesar de que las investigaciones están en curso, aún no se ha determinado la cantidad exacta de dinero que el capitán González habría recibido. Sin embargo, se estima que las sumas son millonarias, dado que tenía a su cargo aproximadamente 200 hombres y mujeres.
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La institución militar ha declarado que continuará desplegando capacidades operativas y técnicas para contrarrestar este tipo de delitos, con el fin de fortalecer la confianza y legitimidad del Ejército Nacional en todo el territorio colombiano.
Un coronel señalado de recibir pagos por maquinaria amarilla
Este caso se suma a otros incidentes donde el coronel Freddy Alberto Quesada, comandante del Batallón de Ingenieros número 52 de Jamondino en Pasto, Nariño, ha sido señalado por la Fiscalía General Penal Militar y Policial de recibir pagos a cambio del alquiler de maquinaria amarilla del Ejército para uso privado.
Según la investigación, entre enero y junio de 2024, Quesada habría recibido más de 47 millones de pesos por el alquiler de una excavadora y una volqueta, enviadas a Ipiales, Nariño, junto con operadores y soldados profesionales.
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El caso de Quesada es parte de una investigación más amplia que involucra a seis militares activos, un militar retirado y un civil, quienes presuntamente participaron en el tráfico de armas, municiones y uniformes desde varias bases militares, incluyendo Tolemaida y Fusagasugá, hacia organizaciones ilegales.
La Fiscalía ha acusado a los implicados de tráfico de material de intendencia, irregularidades en la administración de maquinaria amarilla, material de guerra y tráfico de estupefacientes. Los acusados fueron presentados ante un juez de control de garantías para responder por estos delitos.
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