Para pagar una deuda, madre de familia habría permitido que un anciano de 65 años abusara de su hija menor de edad

En un impactante caso de presunta agresión sexual en Cali, un hombre de 65 años y una mujer de 49 años fueron detenidos y trasladados a centros penitenciarios mientras continúan las investigaciones.

Según la Fiscalía General de la Nación, la madre de la víctima, una niña de 10 años de edad, habría llevado a su hija a un inquilinato en el distrito de Aguablanca, donde se permitió que la menor fuera sometida a abusos por parte del hombre, presuntamente como forma de pago de una deuda.

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La investigación indica que la niña fue encerrada en una habitación por los dos acusados, donde el hombre habría realizado tocamientos indebidos. La Policía Nacional, en coordinación con un fiscal local, intervino en el lugar y rescató a la menor, capturando a los implicados en flagrancia.

El juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para ambos investigados. El hombre fue trasladado a la cárcel de Villahermosa en Cali, mientras que la mujer fue llevada al pabellón de mujeres de la cárcel de Jamundí. Este caso ha generado conmoción y subraya la gravedad de los delitos de abuso sexual infantil en la región.

La Fiscalía ha imputado a los acusados por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado, un cargo que refleja la seriedad de las acusaciones y la necesidad de una investigación exhaustiva para garantizar justicia para la víctima. La comunidad espera que este caso sirva para reforzar las medidas de protección a menores y prevenir futuros incidentes de este tipo.

La reciente tragedia del asesinato de la niña Sofía Delgado en el Valle del Cauca y del menor Alexis Delgado en San Cayetano, Cundinamarca, ha reavivado el debate sobre la reforma a la justicia en Colombia. Esta reforma, que avanza en el Congreso, propone reducir las condenas para quienes admitan ser culpables de homicidio o lesiones a menores de edad.

Según la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aunque el proyecto contempla reducciones de penas, estas no implican impunidad, ya que las condenas seguirían siendo significativas, con un mínimo de 14 años y un máximo de hasta 40 años de prisión, informó Caracol Radio.

En paralelo, las cifras de denuncias por delitos contra niños, niñas y adolescentes en Colombia han mostrado un preocupante aumento del 8% en lo que va de 2024, alcanzando un total de 78.124 reportes, en comparación con las 71.851 denuncias registradas en 2023.

Esta alarmante tendencia fue revelada por la teniente coronel Claudia Suárez Carrillo, jefa de Infancia y Adolescencia de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. Suárez destacó que los menores de 6 a 12 años son los más afectados, constituyendo 40.026 de las víctimas.

Los datos también revelan que el género femenino es el más afectado, con un 56% de las víctimas (43.692), mientras que el 44% (34.432) son varones. Entre los delitos más comunes, la violencia intrafamiliar encabeza la lista con 17.940 casos, seguida por la inasistencia alimentaria con 9.919 denuncias, y actos sexuales abusivos que han generado cerca de 11.000 denuncias.

Una de las estadísticas más alarmantes es que el 95% de los menores afectados residen en zonas rurales, donde la intervención del Estado suele ser menos efectiva. Los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle, Santander y Tolima son los que presentan mayores cifras de denuncias, lo que indica una crisis estructural que afecta tanto la seguridad como el bienestar de los menores en el país.

Frente a esta crisis, las autoridades han intensificado sus operativos, logrando la captura de más de 4.000 presuntos responsables de delitos contra la infancia y la adolescencia. Sin embargo, el incremento en las denuncias también refleja una mayor disposición de la ciudadanía a reportar estos delitos, lo cual podría interpretarse como un signo positivo de confianza en las autoridades.

Para que dicha confianza se mantenga, es crucial que el gobierno destine más recursos a la protección y atención de las víctimas, además de reforzar la presencia estatal en áreas rurales. La alta incidencia de violencia intrafamiliar y abuso sexual plantea la necesidad de implementar medidas preventivas y correctivas a nivel comunitario, involucrando a instituciones educativas y de salud para abordar esta problemática desde diversos frentes.