Congresista encendió una nueva ‘chispa’ sobre Pegasus, al compararlo con casos del DAS: “El uribismo sigue chuzando”

El representante a la Cámara Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, se unió al creciente debate en torno a las denuncias de espionaje con el software Pegasus, realizadas por el presidente Gustavo Petro. Las declaraciones del congresista, compartidas a través de un video en redes sociales, reavivó la memoria de las chuzadas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), al generar preocupación sobre la continuidad de prácticas ilegales de vigilancia en el país.

En X, el congresista compartió varias capturas de pantalla con titulares de prensa que rememoran los casos de las “chuzadas” relacionadas con el antiguo departamento de inteligencia, empleó estos ejemplos como una forma de respaldar sus argumentos frente a las denuncias del presidente Petro.

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El video del legislador agregó tensiones en el debate, al sugerir que las prácticas de espionaje que se llevaron a cabo durante la era del DAS no desaparecieron, sino que evolucionaron con el uso de tecnologías más avanzadas como Pegasus.

En su clip, el congresista de izquierda hizo un llamado a los periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y funcionarios a estar alerta, dado que, según él, no se sabe en manos de quién está actualmente este software: “Como en la época del DAS, el uribismo sigue chuzando en Colombia. NSO Group acaba de confirmar que sí hicieron negocios con el país. ¿Dónde están los que negaban esto?”.

El representante continuó su declaración al relacionar el uso de Pegasus con situaciones sospechosas durante campañas electorales y casos de espionaje a magistrados, al sugerir que los resultados de las investigaciones sobre el software podrían estar siendo manipulados o minimizados por medios de comunicación afines al uribismo: “Esta confirmación debe encender la alarma en todo el país”.

En ambos casos, Petro indicó que los vuelos habrían estado vinculados a transacciones con NSO Group, la empresa responsable de Pegasus, un software conocido mundialmente por su capacidad para realizar actividades de espionaje a través de teléfonos móviles.

El uso del software Pegasus provocó polémicas a nivel mundial, ya que se denunció su utilización para espiar a periodistas, activistas y políticos en distintos países, lo que despertó preocupaciones sobre la protección de los derechos humanos y la privacidad. En Colombia, el legado de las chuzadas del DAS, que involucraron la interceptación ilegal de comunicaciones de magistrados, periodistas y opositores políticos, continúa siendo un tema delicado, tal y como lo evidenció el congresista.

Pegasus en Colombia: sigue la controversia sobre la compra de este software

El epicentro de esta controversia fue la denuncia hecha por el presidente Petro, que afirmó que se realizaron dos vuelos desde Bogotá hacia Tel Aviv en aeronaves alquiladas, con tripulaciones conformadas exclusivamente por ciudadanos israelíes. El primer vuelo, según la información presentada por el mandatario, tuvo lugar el 26 de junio de 2021 y el segundo el 18 de septiembre del mismo año.

Petro detalló que, en uno de estos vuelos, llegaron cuatro ciudadanos israelíes, entre ellos el director de negocios de NSO Group, que, presuntamente, habría gestionado una transacción inicial de 5,5 millones de dólares por la adquisición de Pegasus. Posteriormente, en el segundo vuelo, llegó Ran Gonen, director general de la compañía mencionada, para llevarse un pago adicional por la misma cantidad, completando así un total de 11 millones de dólares.

Según las declaraciones del mandatario, estas operaciones fueron negadas repetidamente por el gobierno de Iván Duque, pero las pruebas entregadas por agencias de inteligencia extranjeras a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) confirmarían que el software sí fue adquirido por el Estado colombiano durante el estallido social de 2021.

NSO Group, en respuesta a estas acusaciones, emitió un breve comunicado en el que aseguró que todas las transacciones con Colombia se realizaron “de acuerdo con la ley y con la autorización y documentación adecuada en ambos países”.