El lunes 21 de octubre de 2024, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el proyecto de reforma política impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el segundo intento del Ejecutivo por modificar las reglas del sistema político en Colombia.
Tras un debate que se prolongó por más de cinco horas, con el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en la Comisión, se logró la aprobación de la iniciativa que incluye cambios estructurales como la eliminación del voto preferente, la implementación de listas cerradas y bloqueadas en las elecciones, y la modificación en la forma en que se eligen los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
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Santiago Osorio, representante del Partido Alianza Verde, destacó la importancia de la reforma como “absolutamente necesaria para la transparencia del sistema y para garantizar una participación justa de todos los actores en el sistema electoral”.
Cambios aprobados
El proyecto aprobado contiene nueve artículos, cinco de ellos con modificaciones realizadas durante el debate en el que uno de los puntos clave es la eliminación del voto preferente que será sustituido por listas cerradas y bloqueadas en las que se garantizará la paridad de género, la alternancia y la universalidad.
También se estableció la obligatoriedad de elecciones primarias simultáneas para todos los partidos con el fin de promover una mayor organización interna y reducir la fragmentación política.
Otro aspecto relevante es la financiación estatal del 100 % de las campañas políticas, lo que busca reducir la influencia del dinero privado y mejorar la transparencia en los procesos electorales, además, se aprobó la modificación del artículo 107 de la Constitución que establece que las consultas populares estarán sujetas a las mismas reglas de financiación y acceso a medios de comunicación que las elecciones ordinarias.
En cuanto a la participación de los ciudadanos que deseen cambiar de partido político, la reforma estipula que deberán renunciar a su actual afiliación al menos 12 meses antes de inscribirse en un nuevo movimiento, con lo que se espera evitar el fenómeno conocido como “transfuguismo” con el que los políticos cambian de partido sin un proceso claro ni previo aviso.
Consejo Nacional Electoral
Otro de los temas más debatidos fueron los cambios en el Consejo Nacional Electoral (CNE), pues aunque el proyecto inicial del Gobierno nacional proponía un cambio de fondo en la elección de los magistrados, en esta primera ponencia se decidió mantener la facultad del Congreso para elegir a los miembros del CNE, pero mediante una convocatoria pública, con lo que se espera reducir la injerencia directa de los partidos políticos en el nombramiento de los magistrados.
En ese sentido, la representante Cathy Juvinao criticó esta decisión, pues afirmó que mantener la elección en manos del Congreso podría comprometer la independencia del CNE: “Si queremos sanear el CNE, los magistrados no pueden deberse a los partidos y a los congresistas. Ahí hay un absoluto incentivo a no investigar, no sancionar y al yo te elijo y tú me proteges”.
A pesar de la aprobación en primer debate, la reforma aún debe superar siete debates más en el Congreso antes de convertirse en ley, por lo que se espera que se continúe discutiendo la forma de elección de los magistrados del CNE, uno de los puntos más críticos del proyecto.
Contexto de la reforma
El proyecto de reforma política fue radicado el pasado 24 de septiembre de 2024, en la Presidencia de la Cámara de Representantes por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que explicó que la propuesta busca “conservar y fortalecer las competencias de la autoridad electoral”, dado que destacó que se elimina el polémico artículo que limitaba las funciones del CNE.
Según Cristo, la reforma está diseñada para fortalecer la transparencia en el sistema electoral y mejorar la participación política en Colombia, pues incluye una reestructuración del CNE que busca, entre otras cosas, que los magistrados sean seleccionados mediante concursos de mérito organizados por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
De esta manera, se espera reducir la influencia partidista en la autoridad electoral, incluso, los magistrados tendrían un periodo de seis años en el cargo, lo que les permitiría actuar con mayor independencia respecto a los cambios de gobierno.
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