Centros Poblados deberá pagarle al Estado $87.027 millones por no instalar internet en las zonas rurales del país, advirtió Contraloría

La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, anunció que la Unión Temporal Centros Poblados deberá pagarle al Estado colombiano un total de $87.027 millones de pesos, por incumplimientos en el contrato de conectividad a las zonas más apartadas del territorio colombiano, mediante el proyecto Centros Digitales del Gobierno de Iván Duque en 2020.

Según el fallo emitido por el organismo de control, hubo responsabilidad en el detrimento patrimonial de más de setenta mil millones de pesos en el contrato de aporte 1043 de 2020, celebrado entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio TIC (Funtic) y la unión temporal, por parte del consorcio, su representante legal, la firma interventora y los proveedores de equipos de internet.

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“Se trató de una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, pues no se cumplió con la entrega total de los 7.277 centros digitales en zonas apartadas del país”, se lee en el fallo.

El ente de control detalló que esto conllevó la terminación anticipada del contrato, lo que implicaba que tenía que retornarse los recursos públicos en virtud de la obligación adquirida, “sumado a la presentación de una garantía bancaria falsa por parte el consorcio, sin la cual no se hubiera dado inicio al contrato y, por ende, no se hubieran desembolsado los recursos por concepto de anticipo”, es decir, los 70.000 millones de pesos en cuestión.

A su vez, la Contraloría menciona que el daño “se materializó en el incumplimiento de la entrega total de equipos para la culminación del proyecto, situación que impidió que se alcanzaran los cometidos y fines esenciales del Estado asociados con el propósito de llevar conectividad gratuita a las zonas más apartadas de Colombia”.

De igual manera, el órgano de control resaltó que el fallo también va dirigido a los miembros del consorcio interventor, teniendo en cuenta que “toda vez que dieron aprobación a unas órdenes de pago sin la verificación integral de los documentos que las soportaban, es decir, sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para el acceso a dichos recursos, esto es, la totalidad de los equipos necesarios para en cumplimiento del proyecto”.

En el documento, se reveló que el consorcio interventor no solicitó una reunión extraordinaria del comité fiduciario, con el fin de evitar el giro de los 70.000 millones de pesos, “en razón al inminente incumplimiento en el cronograma de ejecución del contrato 1043 por falta de disponibilidad de los equipos”.

Dentro de los funcionarios que están involucrados en este proceso, se encuentra Adriana Meza, en calidad de representante legal delegada del Funtic, luego de que quedara acreditado que “hasta el 20 de mayo de 2021 se le puso en su conocimiento de la situación de incumplimiento del contratista, de ahí que no contaba con fundamentos de hecho que le permitieran adelantar las acciones estipuladas en el contrato de aporte para conminar a la Unión Temporal al cumplimiento de sus obligaciones o solicitar la suspensión del giro de los recursos o la devolución del dinero por concepto de anticipo”.

De otro lado, la Contraloría indicó que, en el caso de Sandra Orjuela, en calidad de subdirectora de Gestión Contractual del Ministerio TIC, “se probó que adelantó todos los procedimientos que le eran exigibles funcional y legalmente para la aprobación de las garantías bancarias sumado a que, tal y como quedó acreditado ante la Jurisdicción Penal, la misma fue inducida en error por parte de los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados 2022″.

Finalmente, la entidad declaró que “Camilo Alberto Santofimio, supervisor del contrato, se probó que no intervenía ni directa, ni indirectamente en la aprobación de las órdenes de pago, puesto que dicha obligación recaía única y exclusivamente sobre la interventoría”.

Este fue uno de los escándalos que enmarcó la presidencia de Iván Duque, y que culminó con la renuncia de Karen Abudinen como ministra de las TIC.