La resolución 6886 de 2023 —emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia y que otorgó personería jurídica al movimiento político Poder Popular, liderado por el expresidente Ernesto Samper— ha sido impugnada ante el Consejo de Estado
La abogada Manuela Arredondo presentó la demanda, argumentando que el acto administrativo está viciado por falsas motivaciones y que el movimiento no cumple con los requisitos constitucionales y legales necesarios para recibir dicho reconocimiento.
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Arredondo sostiene que Poder Popular nunca existió como un partido político independiente, sino como una tendencia interna del Partido Liberal Colombiano. Según la abogada, el movimiento no ha participado de manera autónoma en elecciones ni ha obtenido una votación propia, condiciones esenciales para obtener personería jurídica. Además, critica que el CNE basó su decisión en una interpretación errónea de los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y aceptó sin pruebas suficientes los argumentos presentados por Samper.
La demanda también cuestiona la actuación del CNE, señalando que, aunque es fundamental que el Estado elimine las barreras para acceder al poder político, como lo estipula el Acuerdo Final de Paz, esto debe hacerse mediante una reforma constitucional promovida por el Congreso de la República, y no a través de decisiones administrativas del CNE.
Arredondo enfatiza que el CNE no tiene la facultad de modificar los requisitos constitucionales para el reconocimiento de personerías jurídicas y debió abstenerse de concederla a Poder Popular sin verificar el cumplimiento estricto de las normas vigentes.
Uno de los aspectos más preocupantes de la demanda es la posibilidad de que el CNE haya sido influenciado por la narrativa construida por Samper sobre la existencia de Poder Popular como una supuesta tendencia del Partido Liberal. La abogada sugiere que el CNE pudo haber favorecido al movimiento debido a esta narrativa, lo que considera inaceptable y ajeno a las obligaciones del órgano electoral.
“No descarto unirme al Pacto Histórico”
El expresidente Samper se pronunció recientemente sobre el futuro de su movimiento político, Poder Popular, tras enfrentar señalamientos de que no cumple con los requisitos legales.
En declaraciones para Blu Radio, Samper afirmó que su equipo está evaluando la posibilidad de formar una alianza con el Pacto Histórico y otras fuerzas progresistas para consolidar un frente común alrededor de objetivos compartidos.
“Estamos hablando de hacer una alianza de fuerzas progresistas alrededor de un propósito común”, explicó Samper. El expresidente no descartó que dicha alianza podría materializarse, siendo una opción viable para avanzar políticamente en el actual escenario colombiano.
Frente a los temas judiciales que involucran a su partido, Samper adoptó una postura de respeto hacia las decisiones de los jueces, señalando que si todos los colombianos asumieran esta conducta, “el país andaría mejor”.
A pesar de declarar que no desestima unirse al Pacto Histórico, el partido del gobierno, Ernesto Samper ha sido enfático en sus críticas hacia la gestión actual en regiones afectadas por el conflicto armado, como El Plateado, Cauca.
El expresidente ha señalado que, aunque valora algunas de las iniciativas del gobierno de Gustavo Petro, considera que la presencia del Estado debe ir más allá de operaciones militares o visitas esporádicas de altos funcionarios.
“La respuesta del gobierno no puede ser ocasional, el Estado debe estar presente de manera efectiva y permanente”, afirmó Samper, subrayando la necesidad de una intervención social constante que atienda las necesidades de la población afectada por la violencia y la dependencia de los cultivos ilícitos.
Ernesto Samper no ha sido el único expresidente en lidiar con desafíos relacionados con el reconocimiento político de su partido.
Recientemente, el expresidente Andrés Pastrana también enfrentó un golpe significativo cuando el Consejo de Estado de Colombia anuló la personería jurídica de su partido, Nueva Fuerza Democrática (NFD).
La anulación se produjo después de que el tribunal determinara que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había restituido la personería de manera incorrecta, basándose en una interpretación errónea de una sentencia de la Corte Constitucional que solo beneficiaba al partido Nuevo Liberalismo en las elecciones de 2022.
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