Más de 100 personeros están amenazados en Colombia: han tenido que contratar seguridad privada por falta de acción de la UNP

Hay preocupación entre los organismos de control, después de conocerse sobre el último reporte de amenazas hacia los procuradores del país emitido por la Procuraduría General de la Nación, en el que al menos 100 funcionarios estarían en peligro de muerte en medio de su ejercicio de veeduría y control.

De hecho, uno de los casos más sonados es el de Gerardo Mendoza, personero de Cali, quien ha reforzado su seguridad personal tras recibir amenazas relacionadas con sus denuncias sobre la presencia del ELN en la ciudad y el apoyo a líderes sociales amenazados.

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Según Mendoza, dos individuos en motocicleta fueron vistos merodeando su residencia, lo que lo llevó a alertar a las autoridades. Sin embargo, la respuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue calificar las amenazas como un “riesgo ordinario”, lo que no le brindó el esquema de seguridad reforzado que esperaba.

Esta situación refleja un problema más amplio en Colombia, donde los personeros municipales enfrentan un aumento de amenazas en 2024, según cifras de la Procuraduría General. Desde el 1 de enero hasta el 2 de julio de 2024, 110 personeros han reportado intimidaciones, lo que ha generado preocupación entre estos funcionarios, quienes sienten que están regresando a épocas de violencia intensa.

“He sido objeto de hostigamientos luego de las contundentes declaraciones sobre la presencia del ELN en la ciudad y el respaldo a líderes sociales amenazados de muerte en las comunas 21 y 16″, señaló Mendoza en testimonios recogidos por El País.

Sin embargo, este no es el único caso. Apenas el 21 de septiembre de 2024, se presentó un atentado contra Óscar García, personero de Tuluá, en el que no resultaron personas lesionadas, pero sí dejó al descubierto las fuertes amenazas en su contra.

Incluso, Jesualdo Arzuaga, director ejecutivo de la Federación Nacional de Personerías (Fenalper), destacó que este fenómeno no es nuevo, ya que entre 2002 y 2020 se registraron 12 asesinatos de personeros. Sin embargo, el reciente atentado contra García ha reavivado la gravedad del peligro en el que están los funcionarios.

Los personeros tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos y realizar control de lo público, lo que a menudo los pone en conflicto con ciertos sectores que buscan intimidarlos para que cesen sus denuncias. Arzuaga señaló que las amenazas provienen tanto de grupos al margen de la ley como de administraciones locales que se sienten incómodas con su labor disciplinada.

“Por un lado, está el aumento evidentemente de las acciones de los grupos al margen de la ley, pero por otro hay un elemento recurrente y es que cuando los personeros municipales inician a ejercer su labor de manera disciplinada y coherente con sus funciones también se empiezan a volver incómodos para algunas administraciones locales. Hay una mezcla de todo”, comentó Arzuaga.

El caso de Tuluá es particularmente preocupante, ya que García había estado denunciando irregularidades en la administración local, lo que podría haber motivado el atentado en su contra. Aunque no se ha confirmado la autoría, hay indicios que apuntan a posibles vínculos con la administración municipal.

“No podemos afirmar al 100% que el atentado y las amenazas vengan de la Administración Municipal, pero al parecer sí hay varios indicios frente a eso porque él lo ha venido diciendo en todos los medios de comunicación”, complementó el director de Fenalper.

Ante este panorama, la federación, con el apoyo de Usaid, está desarrollando un proyecto de autoprotección para los personeros, dado que las respuestas de las entidades estatales no siempre son efectivas. Arzuaga enfatizó en la necesidad de medidas de protección más rápidas y adecuadas para evitar futuros atentados.

“Hacemos un llamado a la solidaridad de la ciudadanía y de todas las autoridades para que no dejen solos a los personeros en territorio porque están optando en algunos casos, por ejemplo, en el Cauca, por desplazarse y tener que atender desde los cascos urbanos y las capitales, imagínense un municipio sin su defensor de derechos humanos”, concluyó el director de Fenalper en diálogo con El País.