Regular la venta de tarjetas SIM para acabar con las llamadas extorsivas, esto es lo que propone proyecto de ley que se discutirá en el Congreso

En el primer semestre de 2024, el departamento del Huila experimentó un alarmante aumento del 281% en casos de extorsión, en comparación con el mismo período del año anterior, afectando principalmente a comerciantes, empresarios y ciudadanos comunes.

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Este incremento se enmarca en un contexto nacional en el que la extorsión ha crecido un 27,5 % respecto a las cifras de 2023, alcanzando el nivel más alto en los últimos tres años, según el representante a la Cámara, Julio César Triana.

Ante esta situación, el congresista ha presentado un proyecto de ley que busca regular la adquisición y venta de tarjetas SIM en el país. La medida tiene como objetivo principal combatir la extorsión, un delito que, según su propuesta, en un 43 % de los casos se realiza a través de llamadas telefónicas, de las cuales seis de cada diez provienen de centros de reclusión.

El proyecto de ley propone que los compradores de tarjetas SIM deban proporcionar una identificación biométrica, ya sea mediante huellas dactilares o reconocimiento facial. Esta regulación busca dificultar el uso de tarjetas SIM por parte de delincuentes, quienes se benefician de la falta de control en su adquisición para realizar llamadas extorsivas sin ser rastreados.

Además, la iniciativa legislativa contempla la creación de un sistema de alertas para notificar a los usuarios cuando una llamada provenga de un centro penitenciario. Esta medida pretende ofrecer una capa adicional de seguridad y prevención para los ciudadanos, permitiéndoles estar informados sobre el origen de las llamadas que reciben.

La problemática de la extorsión en Colombia, especialmente la que se origina desde las cárceles, ha sido un tema recurrente en el debate público y legislativo. La propuesta de Triana busca ser una respuesta concreta a esta situación, intentando cerrar las brechas que permiten a los delincuentes operar desde el interior de los centros de reclusión.

El Gaula también está realizando su propuesta de Ley

Por su parte, el 7 de octubre del 2024 se conoció que el Gaula de la Policía Nacional de Colombia está desarrollando un proyecto de ley que busca frenar las extorsiones telefónicas en el país.

La iniciativa propone restringir la compra de tarjetas SIM, exigiendo que los compradores registren una identificación válida para asociarla a la línea telefónica adquirida. Esta medida tiene como objetivo principal aumentar la trazabilidad de las líneas telefónicas, permitiendo identificar a los responsables de extorsiones que operan desde las cárceles.

El coronel Élver Vicente Alfonso, comandante del Gaula, explicó en una entrevista con El Espectador que la extorsión se facilita a través de dispositivos electrónicos, y que la nueva normativa buscará que cada línea telefónica tenga un registro similar al de una placa vehicular. Esto permitiría un seguimiento más efectivo de las actividades ilícitas realizadas desde teléfonos móviles.

Además de las restricciones en la venta de tarjetas SIM, el proyecto contempla la adquisición de dispositivos inhibidores de señal para las cárceles del país. Esta medida busca impedir que los reclusos utilicen teléfonos móviles para coordinar actividades delictivas desde el interior de los centros penitenciarios.

A pesar de que las cifras de secuestro y extorsión han disminuido en Colombia durante 2024 en comparación con el año anterior, las autoridades consideran que es necesario implementar medidas más estrictas para combatir estas prácticas. El proyecto de ley se encuentra en proceso de elaboración y se espera que sea presentado próximamente para su discusión.

El Gaula, en colaboración con el Gobierno nacional, está trabajando en los detalles finales de esta propuesta legislativa, que podría cambiar significativamente la manera en que se adquieren y utilizan las líneas telefónicas en Colombia. La implementación de estas medidas busca no solo reducir las extorsiones, sino también mejorar la seguridad y el control sobre las comunicaciones en el país.