Reforma laboral: para hacerle un contrato a una empleada del servicio, ahora hay que cumplir con este requisito

El proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro sigue su camino. Pese a críticas y advertencias de que este puede destruir hasta 450.000 empleos formales (según un estudio del Banco de la República), la Plenaria de la Cámara de Representantes ya aprobó más de la mitad del articulado en segundo debate y está pronto a pasar al Senado de la República.

La misma busca implementar requisitos clave para la formalización de empleadas del servicio doméstico, que en Colombia llega a incluir a cerca de 700.000 personas, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Según la propuesta, estas trabajadoras (en mayoría son mujeres, pero también hay hombres) deberán ser contratados mediante un acuerdo por escrito, lo que supone un avance importante en el reconocimiento de sus derechos laborales.

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“En cumplimiento del Convenio 189 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), los trabajadores y las trabajadoras del servicio doméstico deben ser vinculados mediante contrato de trabajo escrito”, explica la propuesta.

Qué debe incluir el contrato

Dicho contrato no solo incluye aspectos básicos como el sueldo y tipo de servicio, sino que detallará el tiempo de vinculación y los beneficios extrasalariales.

Así las cosas, los acuerdos deberán ser claros y estar al alcance de ambas partes para evitar sanciones por incumplimiento. La Subcomisión de Seguimiento del Convenio 189 de la OIT jugará un papel fundamental en la supervisión de estos contratos. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, con la participación de las organizaciones más representativas del sector, se encargará de validar que las medidas implementadas cumplan su finalidad.

La intención es que estos contratos sean registrados en el Ministerio de Trabajo para seguir su formalización y cualquier cambio en las condiciones laborales, como el trabajo suplementario.

Plazo para hacer el registro

Ante esto, el Ministerio del Trabajo utilizará las tecnologías de la información para facilitar el registro en un plazo de seis meses desde la publicación de la ley.

Esta medida asegura que todos los cambios o incidencias en la relación laboral estén documentados y supervisados adecuadamente. Además, se especifica que los contratos, ya sean a término fijo o por obra o mano de obra, deberán cumplir con ciertas limitaciones. El tiempo de renovación de los contratos no podrá ser indefinido; Llegado a un punto, según el documento, el vínculo laboral deberá transformarse en un contrato a término indefinido para proteger los derechos del trabajador.

De esta manera, se previene la inestabilidad que genera la incertidumbre contractual para las empleadas domésticas.

La reforma cuenta con el respaldo del Ministerio del Trabajo, que se encargará de establecer las normativas específicas para este tipo de registro documental. La cartera garantizará que se respeten los derechos de las empleadas de servicio, con el fin de evitar prácticas abusivas en las contrataciones. El seguimiento de estas normas será obligatorio para evitar sanciones, puntualiza el proyecto.

Organizaciones de trabajadores del servicio doméstico

Por otro lado, la reforma también menciona la importancia de contar con organizaciones de trabajadores del servicio doméstico. Estas entidades se reunirán con representantes del Gobierno para discutir acciones que apoyen la aplicación de estas nuevas normativas. El objetivo principal es establecer un entorno de trabajo seguro y reconocido, donde las empleadas no solo tengan derechos, sino también la posibilidad de reclamar su cumplimiento en caso de conflicto.

A pesar de estos avances, el reto sigue siendo grande. Muchas trabajadoras domésticas en Colombia aún no cuentan con vínculos laborales formales, lo que las deja sin acceso a prestaciones sociales, protección frente a despidos injustificados y otros derechos laborales esenciales.

Por eso, la reforma busca remediar esta situación, con la generación de un marco regulatorio que protege a una población históricamente vulnerable.