JEP tomó trascendental decisión con respecto a las víctimas de secuestro de las extintas Farc: beneficiaría a más de 2.700 personas

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una orden a la Unidad para las Víctimas para incluir a 2.721 personas en el Registro Único de Víctimas (RUV), afectadas por secuestros perpetrados por la extinta guerrilla de las Farc-EP durante el conflicto armado colombiano. Esta determinación permitirá, según se ha conocido en redes sociales, evaluar la procedencia del pago de las indemnizaciones, como medida de reparación a quienes sufrieron este flagelo en el territorio nacional.

La decisión del tribunal transicional se basa en las peticiones reiteradas de las víctimas acreditadas en el caso 01 de la JEP, que cubre el accionar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y que está orientado a investigar este crimen. En ese sentido, la entidad tiene hasta el 1 de septiembre de 2025 para completar este proceso, que representa una decisión trascendental para quienes fueron blanco del obrar de esta organización ilegal, que firmó la paz a finales del 2016.

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Según se detalló por la JEP, el RUV alberga a 9.781.883 personas, de las cuales 38.880 han sido reconocidas como víctimas, de forma directa e indirecta, del delito del secuestro. Esta cifra abarca a casi el 20 % de la población del territorio nacional, lo que permite tener una dimensión de la magnitud del conflicto armado en Colombia, que con esta determinación de organismo de justicia se responde a las constantes solicitudes de quienes habían solicitado la reparación.

Una decisión que podría marcar el rumbo de los procesos de reparación de las víctimas de las Farc

Al respecto, la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, de la Sala de Reconocimiento de la jurisdicción y que está a cargo del macro caso 01, detalló la responsabilidad del tribunal no solo de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes más graves; además, de garantizar el derecho a la verdad y la reparación integral de las víctimas. Un proceso que, según parece, marcha a paso lento, pero que con esta decisión da un paso vital hacia el reconocimiento integral.

Del mismo modo, como lo declara la misiva, la JEP también ha instruido a la Unidad revisitar los casos de personas previamente incluidas en el RUV por otros delitos, pero que no han sido totalmente reconocidas por todos los hechos victimizantes. Esto incluye punibles como homicidio, violencia sexual, desplazamiento forzado, y otros vejámenes sufridos durante el secuestro; en un listado que incluye, entre otras, a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.

Según se precisó por parte del tribunal transicional, para dar seguimiento a esta orden judicial, la Unidad deberá presentar tres informes, el primero de ellos el 2 de diciembre de 2024. El segundo está previsto para el 3 de marzo de 2025, y el tercero para el 2 de junio de 2025; en los que se tendrán que detallar los avances sobre la inclusión de las víctimas en este listado y, en consecuencia, dejar en claro los aspectos que falten para resolver este asunto.

En este orden de ideas, el informe final, que consolidará toda la información referente a las víctimas y las decisiones tomadas por la entidad, debe estar listo para el 1 de septiembre del siguiente año en el despacho de la magistrada Lemaitre. Todo esto, enfocado en definir las medidas de asistencia, atención y reparación que se han brindado a las víctimas de este flagelo; una de las prácticas más comunes de la guerrilla, ya fuera con fines económicos o políticos.

Estas víctimas, según la JEP, están representadas por la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), la Fundación IPS para el Desarrollo Humano Integral del Sur Colombiano (Funipsi), el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (Iiresodh) y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (Saad- Víctimas). Tanto el despacho como las organizaciones deben aportar a la Unidad para las Víctimas toda la información necesaria para el proceso de inclusión.

Según se estableció, la JEP también ha pedido la colaboración de las organizaciones de víctimas para que aporten información necesaria en el proceso de inclusión al RUV. La clave para tal propósito es que todas las voces sean escuchadas, con miras al objetivo del proceso de reparación y reconciliación en el país y, de esta forma, empiece a cerrarse la espiral de violencia que protagonizó esta agrupación por más de cinco décadas.