Tres exgobernadores fueron condenados a más de 10 años de cárcel por la perdida de más $700 mil millones

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha condenado a Fabián Alfonso Belnavis Barreiro, Renzo Alfonso León Vargas y Carlos Alberto Palacios Palacio, quienes ejercieron el cargo de gobernador del departamento del Putumayo, por irregularidades relacionadas con un convenio celebrado en 2005.

Los delitos imputados incluyen contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Así lo informó la Corte al dar a conocer la sentencia.

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Estos tres exgobernadores se vieron involucrados en la celebración de dos cartas de acuerdo con la Secretaría Ejecutiva Convenio Andrés Bello (Secab), lo que llevó al desembolso de más de cinco mil millones de pesos, recursos públicos que debían destinarse a proyectos de desarrollo en el departamento.

Sin embargo, las investigaciones demostraron graves fallas en la planeación y ejecución de los proyectos, lo que resultó en la pérdida significativa de recursos.

El primer acuerdo implicó un desembolso de 2.977 millones de pesos, de los cuales solo se ejecutó un 20%, mientras que aproximadamente 740 millones de pesos quedaron en manos de los contratistas.

En cuanto al segundo convenio, que involucraba 2.495 millones de pesos, no se realizó ninguna inversión y, posteriormente, el dinero fue recuperado. Según el magistrado Jorge Emilio Caldas, estas irregularidades evidencian un claro detrimento patrimonial y una gestión inadecuada de los recursos.

La Corte Suprema determinó imponer una serie de penas severas para los implicados. Fabián Belnavis Barreiro fue condenado a 179 meses y 28 días de prisión, además de recibir una multa de 5.335 millones de pesos por los daños causados.

Por su parte, Renzo León Vargas fue sentenciado a 126 meses y 13 días de prisión, con una multa de 2.914 millones de pesos, mientras que Carlos Palacios Palacio recibió una condena de 128 meses y 20 días de prisión y una multa de 2.532 millones de pesos.

Más allá de las penas de prisión y las multas económicas, la Corte también prohibió a los exgobernadores la posibilidad de participar en la vida política y administrativa del país.

No podrán inscribirse como candidatos a cargos de elección popular, ni ser elegidos o designados como servidores públicos. Asimismo, se les prohibió celebrar contratos con el Estado, ya sea de manera personal o a través de terceros.

Cómo fue el entramado de los funcionarios

Carlos Alberto Palacios fue elegido como gobernador de forma popular en el 2004. Sin embargo, debido a una investigación por parte de la Procuraduría, tuvo que dejar el puesto, relegándoselo a Fabián Belnavis.

Las irregularidades comenzaron poco después de que Belnavis Barreiro asumiera el cargo de gobernador encargado el 16 de diciembre de 2005. Según la Fiscalía, a tan solo dos semanas de haberse posesionado, seleccionó 54 proyectos del Banco de Proyectos, los cuales no contaban con estudios ni planeación adecuada.

Estos proyectos carecían de los diseños y análisis necesarios, lo que generó incertidumbre sobre el alcance, los costos reales y la viabilidad de su ejecución.

Durante la fase de planeación y contratación, Belnavis Barreiro omitió deliberadamente procesos cruciales como la selección objetiva, un requisito establecido en la Ley 80 de 1993, la cual regula la contratación pública en Colombia.

Según los fiscales, esta omisión permitió que se seleccionara a la Secab como entidad ejecutora de los proyectos, a pesar de que no tenía la capacidad de realizarlos por sí sola. Como resultado, la Secab subcontrató las obras, lo cual elevó los costos y redujo la eficiencia del proceso.

Lo más grave, según el informe judicial, es que la Secab recibió una comisión equivalente al 4,5% de los recursos, lo que generó un detrimento patrimonial para el departamento de Putumayo. Esto implicó un daño directo a la economía de la región, que estaba esperando inversiones que nunca se materializaron.

Por su parte, Carlos Alberto Palacios Palacio, quien también ejerció el cargo de gobernador y, en su calidad de ordenador del gasto, suscribió un segundo convenio con la Secab, denominado Carta de Acuerdo 002.

Según las investigaciones, Palacios intentó enmascarar la entrega de los recursos públicos bajo el concepto de cooperación y asistencia técnica, cuando en realidad se trataba de un contrato de administración de recursos.

Funcionarios del departamento advirtieron sobre la falta de aportes económicos por parte de la Secab, pero Palacios, sin considerar estas advertencias, continuó con la firma del acuerdo.

El tercero de los implicados, Renzo Alfonso León Vargas, ocupaba el cargo de secretario delegatario de las funciones del gobernador en febrero del 2005 cuando también participó en la celebración de estos convenios.

Según la Fiscalía, su participación fue clave para la ejecución de las irregularidades que llevaron a la pérdida de recursos, lo que lo convirtió en copartícipe de los hechos, aumentando así su responsabilidad en el caso.