
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución urgente para garantizar la vida e integridad de William Stiven Rojas, periodista y líder comunal en Colombia, así como la de su familia.
Esta decisión se produce en respuesta a las amenazas de muerte que ha recibido de grupos criminales como Los Satanás y Los Castros, que operan en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá. La situación del periodista resalta la grave crisis de seguridad que enfrentan los comunicadores en el país.
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Amenazas sistemáticas contra el periodista

Rojas Rincón es un periodista que colabora con medios alternativos como La Reacción Prensa, Colprensa Colombia y El Nodo Colombia. Desde 2023, ha sido víctima de constantes amenazas que han incluido mensajes de texto intimidatorios y el seguimiento por parte de desconocidos en motocicletas. Según indicó Rojas a la Cidh, las amenazas también tienen su origen en grupos de crimen organizado que operan en su localidad, específicamente conocidos como Matecaña y La Calle del Tango.
Un ejemplo alarmante de las amenazas ocurrió en enero de 2024, cuando recibió un mensaje de WhatsApp en el que una persona, identificándose como parte de Los Satanás, le advirtió: “La felicidad y tranquilidad NO tienen precio, cuidado con su familia y su hijo, hp periodista, cada quien debe pagar”. Posteriormente, en abril de 2024, el periodista continuó recibiendo mensajes amenazantes a través de Instagram.
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Este tipo de mensajes, que han proliferado desde el año anterior, han buscado deslegitimar el trabajo de Rojas, a quien le llaman “sapo” por sus denuncias sobre extorsiones que han afectado a los comerciantes de la zona.
Medidas cautelares de la Cidh

Con la Resolución 65/2024, la COrte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Rojas y su familia, alegando que están en una “situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable” a sus derechos, pues a pesar de los reportes que ha realizado Rojas ante las autoridades estatales, las investigaciones internas no han mostrado avances significativos.
En este contexto, la Unidad Nacional de Protección (UNP) había clasificado a Rojas como persona en “riesgo extraordinario” y, tras una evaluación judicial, se ordenó un esquema de seguridad adicional junto con una nueva evaluación de riesgo. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha cumplido con la realización de este nuevo estudio, y los informes indican fallas en la implementación del esquema de protección otorgado anteriormente.
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En respuesta, el Estado ha informado sobre los avances en el estudio de riesgo y las medidas de protección adoptadas por la UNP, incluyendo un chaleco de protección balística, un medio de comunicación, y el apoyo de una persona de protección; no obstante, la Cidh señaló que estas medidas pueden no ser suficientes, dado el contexto de violencia persistente en Colombia y la falta de una investigación adecuada sobre las amenazas que ha recibido Rojas.
La Cidh enfatizó en la importancia de que las autoridades colombianas adopten las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de Rojas y su familia, conforme a los estándares internacionales. Además, ha solicitado que se implementen las acciones necesarias para permitir que Rojas pueda desempeñar su labor como periodista y defensor de los derechos humanos sin temor a represalias.
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Entre las medidas requeridas se incluyen la necesidad de concertar las acciones con los beneficiarios de la medida cautelar y de informar sobre las investigaciones iniciadas para esclarecer los hechos que han motivado las amenazas. El organismo internacional también aclaró que el otorgamiento de medidas cautelares no implica un prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano por alegaciones de violaciones a los derechos humanos.
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