Tarcisio Medina Charry, un estudiante de la Universidad Surcolombiana (Usco), desapareció el 19 de febrero de 1988. Tras más de tres décadas de búsqueda de justicia por parte de su familia, la Policía Nacional ahora realizará un acto público de perdón, por orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Además, también por orden de la JEP, se llevará a cabo un acto de grado póstumo el 24 de septiembre en el auditorio Olga Tony Vidales de la Usco, en Neiva.
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El caso de Tarcisio Medina Charry, de 20 años, ha sido uno de los más emblemáticos en la lucha contra la desaparición forzada en Colombia. Medina fue detenido por la policía mientras se dirigía al barrio Cándido Leguízamo en Neiva y desde entonces no se ha vuelto a saber de él. La JEP ha ordenado medidas de reparación que incluyen un acto restaurativo de perdón público y la concesión de un grado póstumo por parte de la Usco.
La familia Medina Charry ha enfrentado un largo y doloroso camino en busca de justicia. Según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, la familia sufrió allanamientos, amenazas y graves afectaciones económicas debido a los costos y el tiempo invertido en la búsqueda de Tarcisio.
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En 1995, el Tribunal Administrativo del Huila reconoció la desaparición a manos de la policía, aunque no se reconocieron daños materiales.
El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 1998 encontró al Estado colombiano responsable de la desaparición de Tarcisio. A pesar de este reconocimiento, la falta de acciones concretas dejó a la familia en una situación de desamparo y frustración.
Paola Medina Charry, hermana menor de Tarcisio, ha declarado que la familia nunca recibió compensación económica y que el cuerpo de su hermano sigue desaparecido.
El contexto histórico de la desaparición de Tarcisio Medina Charry se enmarca en el Baile Rojo, una campaña de exterminio contra la Unión Patriótica (UP) en 1988. En ese año, se registraron oficialmente 307 desapariciones forzadas en Colombia, aunque organizaciones de familiares elevaron la cifra a 380. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado tipificar el delito de desaparición forzada, lo cual se hizo dos años después, aunque esto no se reflejó en el caso de Tarcisio.
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Paola Medina recuerda que su hermano apoyaba un proceso de paz legal entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, lo que llevó a que fuera vigilado y eventualmente detenido por poseer una copia del semanario Voz Proletaria, asociado con el Partido Comunista.
A pesar de las medidas reparadoras ordenadas por la JEP, la familia Medina Charry sigue demandando respuestas. Paola Medina enfatiza que no pueden perdonar los hechos ocurridos hasta que no sea devuelto el cuerpo de Tarcisio.
La JEP ha dispuesto que la Universidad Surcolombiana cambie el nombre del nuevo edificio de la Facultad de Educación por Edificio Tarcisio Medina Charry.
La Usco también ha tomado medidas adicionales para conmemorar la memoria de Tarcisio, con la posibilidad de realizar actividades conmemorativas previas a la ceremonia del 24 de septiembre. Se propone que el estamento estudiantil, junto con la comunidad académica, promuevan actividades conmemorativas en torno al grado póstumo.
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Las medidas ordenadas por la JEP incluyen el grado póstumo y el acto de perdón público, pero para la familia Medina Charry, el sufrimiento continúa hasta que se descubra el paradero de Tarcisio. Paola Medina ha expresado que han pasado 36 años, su madre y su hermano mayor han fallecido, y solo sobreviven dos familiares. La familia ha luchado incansablemente no solo por el caso de Tarcisio, sino también por otros casos similares que se les han unido en el camino.
El intento de reparación se da en un contexto complicado de impunidad y falta de respuestas. La ceremonia del 24 de septiembre marca un hito simbólico importante, pero la familia Medina Charry sigue exigiendo verdades completas y justicia plena para Tarcisio y todas las víctimas de la violencia estatal en Colombia.
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