Asojuegos alertó por efectos “devastadores” de imponer IVA del 19% a los juegos online

La Asociación Colombiana de Operadores de Juegos (Asojuegos) manifestó su preocupación ante la propuesta del Gobierno nacional de imponer un IVA del 19% a las plataformas de juegos de azar en línea. Según la asociación, esta medida podría tener “efectos devastadores”, tanto para la operación de los juegos legales en el país, como para la sostenibilidad de los recursos destinados al sistema de salud.

En un comunicado reciente, Asojuegos destacó que la estimación del Ministerio de Hacienda, que prevé un recaudo de $2,1 billones por IVA en juegos online, es “completamente inviable”.

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El argumento principal se basa en el hecho de que los usuarios de estas plataformas realizan depósitos que se utilizan para múltiples apuestas, aumentando así el monto de las apuestas sin que el dinero real se vea directamente afectado. De acuerdo con la propuesta del Gobierno, se estiman apuestas por $35,6 billones en 2023, pero este monto no refleja la realidad de los ingresos de los operadores, que para el mismo año fueron de $2,1 billones. “Pretender aplicar un IVA que equivaldría al 100% de los recursos que manejan los operadores es completamente inviable”, aseguró la asociación.

Desde la regulación de los juegos online en Colombia en 2015, el sector ha experimentado un crecimiento notable, convirtiéndose en un modelo exitoso en América Latina. Según los datos más recientes, las transferencias al sistema de salud por parte de los operadores de juegos online han aumentado de $3.496 millones en 2017 a $317.977 millones en 2023, con una cifra acumulada en lo que va de 2024 de $181.628 millones. Este aumento del 914% en menos de una década refleja la significativa contribución de la industria al bienestar social del país.

La asociación destacó que, actualmente, los operadores de juegos online deben cumplir con una estricta regulación fiscal, incluyendo el pago de derechos de explotación y otros impuestos. Del 100% de las apuestas, el 93% se retorna al jugador, dejando un margen bruto real del 7% para cubrir costos operativos y otros gastos. Según Asojuegos, el modelo financiero no permitiría absorber un impuesto adicional sin poner en riesgo la viabilidad de las operaciones.

“Si se aplica el IVA, el retorno al jugador se vería reducido del 93% a un 71%-75%. Esto haría que los jugadores migren a plataformas ilegales o internacionales que no están sujetas a estas cargas fiscales, incrementando la informalidad y disminuyendo los ingresos del sector”, advirtió Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos.

La competencia desleal de las plataformas ilegales, que no están sujetas a las mismas normativas fiscales ni a las responsabilidades de juego responsable, representa una amenaza adicional para los operadores autorizados. Además, Asojuegos señaló que la medida podría afectar la economía del país al desincentivar la inversión extranjera y limitar el desarrollo tecnológico y la generación de empleo.

La asociación también expresó su preocupación por las implicaciones legales de la medida, que podrían desequilibrar los contratos de concesión otorgados por Coljuegos, el ente encargado de supervisar la industria. “Esta alteración podría llevar a la imposibilidad de cumplir con los contratos y afectar gravemente la sostenibilidad del sistema”, aseguró.

Finalmente, destacó que en 2023, los juegos online representaron el 23,2% del total de derechos de explotación generados por la industria de juegos de azar en Colombia, un porcentaje similar al de otras modalidades importantes como el chance (23,8%) y los juegos localizados (25,0%). Por ello, Asojuegos advirtió que una alteración negativa en la regulación podría impactar significativamente estos ingresos, que actualmente benefician a la salud y a otras áreas sociales del país.

A pesar de los desafíos, Asojuegos reafirmó su compromiso con la transparencia fiscal y la lucha contra la ilegalidad en el sector, y se mostró dispuesta a participar en mesas de diálogo con el Gobierno nacional para encontrar soluciones que no perjudiquen la competitividad del sector ni afecten los ingresos transferidos a la salud.