Comenzó un nuevo episodio del conflicto entre la comunidad de Barranquilla y la empresa Air-e. El Juzgado Quince Civil Municipal de la ciudad admitió una tutela interpuesta por la Personería Distrital. La acción judicial, presentada la segunda semana de septiembre, responde a la presunta vulneración de los derechos fundamentales de varios sectores al servicio de energía eléctrica, el debido proceso, y otros derechos esenciales como la vida, la salud y la vivienda digna.
La Personería de Barranquilla, en su escrito, denunció que la empresa Air-e implementó una suspensión general del servicio en varios barrios, afectando gravemente a las familias de sectores como La Manga, El Por fin y Mequejo. El documento señaló que, a pesar de que los residentes de estas áreas están al día con el pago de sus facturas de energía, la suspensión sigue vigente, lo que generó una situación insostenible para cientos de personas, en especial para los más vulnerables.
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Lo más preocupante, según la Personería, es el impacto en grupos poblacionales que requieren protección especial, como niños, adultos mayores con enfermedades crónicas, y personas que dependen de dispositivos médicos en casa. “Afecta ostensiblemente a grupos poblacionales que gozan de especial protección constitucional tales como niños, niñas y adolescentes, adultos mayores con enfermedades crónicas, y tratados con hospitalización en casa”, se mencionó en el documento presentado al juzgado.
La acción de tutela solicitó la reconexión inmediata del servicio de energía para aquellos usuarios que estén al día en sus pagos, con especial atención a grupos prioritarios como bebés recién nacidos, mujeres embarazadas y personas cuya salud depende directamente del acceso a electricidad. La Personería argumentó que se trata de una medida urgente para garantizar la vida en condiciones dignas y evitar un perjuicio irremediable para estos ciudadanos.
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Ante estos señalamientos, el juzgado decidió admitir la acción de tutela, ordenando a Air-e responder en un plazo de 48 horas con la información requerida sobre los hechos denunciados. Asimismo, se dictó una medida provisional que obliga a la empresa a restablecer el servicio en un plazo de 24 horas a los usuarios afectados, mientras se resuelve el proceso judicial.
La resolución establece que Air-e debe restituir el servicio en las viviendas de las personas vulnerables de los barrios mencionados, asegurando que la situación no empeore hasta que se emita un fallo definitivo.
Air-e pide intervención del Gobierno
La compañía Air-e, que provee energía a cerca de cinco millones de personas en la costa Caribe, solicitó la intervención del Gobierno debido a una grave crisis financiera que afecta su operación en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
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Esta petición, hecha pública el 10 de septiembre, está motivada por el aumento de los costos de la energía en la Bolsa, que ahora superan los $720 por kilovatio/hora, y una deuda de $1,8 billones, principalmente acumulada por el sector público. Esta situación puso en riesgo la estabilidad financiera de la empresa, según afirmó Air-e en un comunicado oficial.
La empresa indicó que tanto los altos costos de generación como la volatilidad en la Bolsa de Energía están impactando negativamente a las compañías del sector, comprometiendo su capacidad operativa y afectando la calidad del servicio. “Las actuales condiciones del mercado están ejerciendo una presión considerable sobre las empresas de distribución de energía”, señaló Air-e en su comunicado.
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En una entrevista con Caracol Radio, Jaime Lombana, abogado de la compañía, señaló que los inversionistas ya registraron pérdidas superiores a los $450.000 millones, y responsabilizó a los generadores de energía por no vender fuera del mercado de bolsa, priorizando sus ganancias a costa de los usuarios y las distribuidoras. Lombana advirtió que la situación es insostenible y que la empresa solicitó ayuda urgente del Gobierno para evitar un colapso total.
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