El concejal de Bogotá Julián Forero “Fuchi” enfrenta varios cargos por altercado con la Policía Metropolitana de Bogotá

Julián Forero, conocido en Bogotá como “Fuchi” y reconocido por su labor como líder de los motociclistas, está en el centro de la polémica tras recibir un pliego de cargos por parte de la Procuraduría General de la Nación. El caso involucra un altercado con miembros de la Secretaría de Tránsito de Bogotá que ocurrió el pasado 21 de febrero de 2024, y ha puesto en tela de juicio el comportamiento del concejal durante un procedimiento policial.

El episodio comenzó cuando Forero, acompañado por otros motociclistas, transitaba por la Avenida 68 con Calle 13. Según el relato del concejal, un patrullero de la Policía se le habría atravesado en contravía, bloqueando su paso, y amenazado con usar su arma de fuego. Forero grabó el incidente en vivo y denunció lo que él percibió como un procedimiento irregular por parte de los agentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En el video, el concejal alegó que el patrullero Cristian David Duván Naranjo actuó de manera amenazante e irrespetuosa, y que las intenciones del uniformado eran intimidatorias. Además, en medio del altercado, Forero habría dirigido comentarios despectivos hacia los agentes, incluyendo expresiones como “perro y gamín” y cuestionamientos sobre la valentía de estos, lo que agrava aún más la situación.

La Reacción de la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá

La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá ha elevado un pliego de cargos contra Forero, calificando su conducta como una falta “grave a título de dolo”. Según el organismo de control, las acciones del concejal no solo infringieron normas de respeto y procedimiento, también constituyen una muestra de abuso de poder.

En el pliego de cargos se incluyen detalles de las declaraciones recogidas, los informes de los funcionarios policiales y las pruebas del incidente. La Procuraduría subraya la importancia del cargo que ostentaba Forero al momento de los hechos, y cómo su comportamiento podría haber influido negativamente en la percepción pública de las autoridades y del sistema de justicia.

Durante el proceso, el coronel Germán Gómez, que presenció el altercado, declaró que Forero se mostró visiblemente alterado e increpó a los uniformados. Gómez relató que el concejal siempre se identificó con su carné de concejal en lugar de mostrar su cédula de ciudadanía, lo que complicó la identificación y resolución del conflicto.

El teniente Jorge Enrique Reyes también aportó su testimonio, describiendo a Forero como una persona en estado de agitación, gritando e insultando a los policías. Según Reyes, el concejal se negó a identificarse adecuadamente y cuestionó el procedimiento policial, al tiempo que grababa el incidente y emitía comentarios despectivos hacia los oficiales.

En su evaluación, la Procuraduría argumenta que el comportamiento de Forero debe ser considerado con base en su rol como concejal, un cargo de alta relevancia y representación en la ciudad. Se destaca que el hecho de que el concejal haya transmitido en vivo el incidente amplifica la gravedad de sus acciones, pues estas se hicieron públicas y se mostraron como un mal ejemplo a sus electores y a la sociedad en general.

La Procuraduría concluye que la conducta de Forero no solo infringe normas de respeto y procedimientos adecuados, sino que también constituye una falta grave que refleja una posible intención dolosa. Esto se debe a que las expresiones y actitudes mostradas durante el altercado van más allá de una mera falta de cortesía, implicando un abuso de su posición y un intento de menospreciar la autoridad de los agentes policiales.

Forero, por su parte, ha defendido su accionar argumentando que su comportamiento se debió a un mal procedimiento por parte de la Policía, y que su intención era denunciar una injusticia.

La Procuraduría mantiene que la forma en que se manejó la situación, y las expresiones usadas, constituyen una falta grave que debe ser sancionada para mantener la integridad y el respeto en la función pública.