La Nueva EPS, entidad de salud con mayor número de afiliados en Colombia, anunció que suspenderá pagos a más de 140 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en varias ciudades del país, una medida que busca hacer frente a las irregularidades financieras que atraviesa la entidad.
Esta decisión se enmarca en la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024, debido a los preocupantes resultados financieros de la EPS, que se encontraba en números rojos.
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La Nueva EPS cuenta con 10,89 millones de usuarios, distribuidos entre el régimen subsidiado (6,1 millones de personas) y el contributivo (4,7 millones), según datos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). La intervención, liderada por el agente interventor Julio Alberto Rincón, busca estabilizar las finanzas de la entidad, que ha enfrentado una grave crisis derivada de problemas relacionados con la facturación y el pago a prestadores de servicios de salud.
Una crisis financiera derivada de facturas desbordadas
Desde su llegada, Julio Alberto Rincón ha denunciado las irregularidades en la facturación de las IPS, destacando que uno de los problemas principales que enfrenta la EPS es el gran número de facturas presentadas por los prestadores de servicios de salud, muchas de ellas con montos exagerados y duplicadas. “Nosotros hemos recibido este año facturas del año 2022 hacia atrás, cobros que pueden sumar los $1.5 billones”, declaró Rincón durante una rueda de prensa.
Ante esta situación, el interventor explicó que se habían contratado firmas auditoras para verificar la legitimidad de dichas facturas y solicitar a todas las IPS que radicaran nuevamente las facturas correspondientes al periodo 2019-2023.
La auditoría reveló facturas sin procesar y solicitudes de pago desbordadas, lo que generó preocupación en la Nueva EPS sobre la veracidad de los cobros. “Nos toca a nosotros mirar si el paciente existía, si se le prestó el servicio y si no había sido facturado”, señaló Rincón, subrayando la complejidad del problema. A lo largo del proceso de intervención, se han identificado múltiples casos de duplicación de facturas y sobrecostos, lo que ha generado tensiones entre la EPS y los prestadores de servicios de salud.
Ejemplos de facturación excesiva y duplicada
Uno de los casos más alarmantes expuestos por Rincón es el de un hospital que contactaba regularmente a la EPS, cuyo factor mensual era de $27 millones, pero que, de manera repentina, facturó $233 millones. Según explicó el interventor, “había presentado la misma factura con diferentes números, 9 veces”.
Además, la intervención reveló que algunos prestadores de servicios de salud recibieron más dinero del que realmente facturaron durante los últimos seis años, acumulando una deuda de $308.000 millones con la Nueva EPS. Este hallazgo ha sido clave para justificar la necesidad de suspender los pagos a las IPS implicadas hasta que se pueda verificar la legitimidad de las facturas y se resuelvan los desacuerdos en las mesas de conciliación.
Suspensión de pagos a IPS
Como consecuencia de estas irregularidades, la Nueva EPS tomó la decisión de suspender los pagos a más de 140 IPS en ciudades como Pasto, Bucaramanga, Tunja, Neiva, Medellín, Ibagué, Santa Marta, Cartagena y Bogotá. Esta medida preventiva, según conoció Caracol Radio, busca contener el incremento en los cobros injustificados, estará en vigor hasta que se logren acuerdos en las mesas de conciliación entre la EPS y los prestadores de servicios de salud.
Rincón también destacó el impacto de la presión ejercida por las IPS sobre la EPS: “Esto lleva a que el prestador comience a presionar que si no le pago me cierra los servicios, entonces aumentan las PQRS (...) yo me siento presionado por la red”. Esta presión ha obligado a la Nueva EPS a tomar medidas drásticas para proteger la estabilidad financiera de la entidad, lo que a su vez ha generado tensiones con los prestadores de servicios de salud.
El agente interventor, además de enfrentar los problemas financieros de la EPS, ha puesto en la mira otras prácticas que considera preocupantes. Rincón ha expresado su inquietud sobre el ejercicio de los cuidadores contratados por la EPS para atender a la población vulnerable. Según el interventor, algunos cuidadores podrían estar siendo empleados como trabajadores domésticos por ciertas familias, lo que representa un mal uso de los recursos del sistema de salud. “Queremos llevar a las entidades de control, por ejemplo, si los cuidadores nuestros, que pagamos con plata al sistema, están atendiendo personas vulnerables o simplemente se están convirtiendo en empleadas domésticas de ciertas familias”, concluyó.
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