La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció en Medellín la imputación de cargos a siete exintegrantes del Bloque Noroccidental (Bnocc) de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad, basándose en más de 160 hechos de secuestro ocurridos entre abril de 2023 y 2024..
El Bloque Noroccidental de las Farc operaba en regiones de Antioquia, Chocó, Córdoba, Caldas y Risaralda. Es responsable de varios secuestros notorios, incluyendo el de Guillermo Gaviria, exgobernador de Antioquia, y su asesor de paz, Gilberto Echeverri, quienes fueron asesinados en cautiverio en 2003.
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Otro caso emblemático es el secuestro del excongresista Óscar Tulio Lizcano, quien estuvo retenido por ocho años.
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La magistrada Julieta Lemaitre, relatora del macrocaso 01, señaló que el Bloque Noroccidental, también conocido como Bnocc, llegó a contar con 3.145 combatientes y 923 milicianos, y era el segundo bloque de las Farc con mayor número de secuestros en el país. Se estima que este bloque fue responsable del 27% de todos los secuestros cometidos por las Farc.
Para esta imputación, la JEP analizó cinco conflictos en las zonas de influencia del Bnocc. El informe sostiene que los secuestros se realizaron con fines económicos, de canje, y para establecer control social y territorial. Durante el proceso de investigación, la magistratura documentó al menos 167 hechos de secuestro atribuidos al bloque, de los cuales la mayoría tenía una finalidad económica o de control territorial.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP encontró tres patrones de victimización usados por el Bnocc El primero fue el secuestro de civiles y miembros de la Fuerza Pública para forzar canjes por guerrilleros presos. Por ejemplo, en un fallido operativo de rescate en el que murieron ocho militares, también fallecieron el gobernador Guillermo Gaviria y su asesor Gilberto Echeverri.
En segundo lugar, identificaron secuestros con fines económicos, como el caso de Luisa Fernanda Cano Madrid, una menor de cinco años secuestrada junto a su madre. A pesar de que su madre fue liberada, la niña fue retenida bajo el argumento de que el rescate pagado era insuficiente. Otro caso significativo es el de Jesús Antonio Higuita Fernández, un comerciante de 71 años que fue asesinado en cautiverio tras negarse a seguir pagando una extorsión.
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El tercer patrón de victimización incluye secuestros para mantener el control social y territorial, imputándole casos de violencia sexual y despojo forzado. Entre los hechos ilustrativos está el secuestro del fiscal seccional Milton Javier Rodríguez Moreno, quien fue interrogado y recriminado por su pertenencia a la rama judicial.
Los siete exguerrilleros imputados son:
Según la misma cuenta oficial de X, antes Twitter, de la JEP señaló a los siguientes exguerrilleros.
- Luis Óscar Úsuga Restrepo, alias Isaías Trujillo o el Viejo: Comandante del Bnocc entre 2008 y 2017.
- Jesús Mario Arenas Rojas, alias Marcos Urbano: Miembro del Estado Mayor del bloque y comandante del Frente Urbano Jacobo Arenas hasta 2006.
- Rodolfo Ruiz Restrepo, alias Víctor Tirado: Comandante del frente 57 entre 1993 y 1998.
- Martín Cruz Vega, alias Rubín Morro: Comandante del frente Aurelio Rodríguez.
- Pedro Baracutao García Ospina, alias Pedro Baracutao: Nutrido integrante del estado mayor del bloque.
- Ovidio Antonio Mesa Ospina, alias Anderson o Carranza: Comandante del frente 36.
- Jhoverman Sánchez Arroyave, alias Rubén Cano o Manteco: Comandante del frente 58.
Además, la Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que estos exguerrilleros son responsables de otras atrocidades ocurridas en el marco de los secuestros, como homicidio, desaparición forzada, desplazamiento y tortura.
El Bloque Noroccidental también fue acusado de implementar incendios y ataques con cilindros bombas que devastaron poblaciones en Antioquia y Caldas. A pesar de estas acusaciones, según El Tiempo, solo se contabilizaron los secuestros por el momento.
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Con esta imputación, la lista de víctimas acreditadas ante la JEP asciende a 314 personas, incluyendo tanto víctimas directas como familiares. La JEP ha logrado que los imputados reconocieran 46 de los más de 160 hechos de victimización denunciados.
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